El diputado por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN) pidió investigar presunta contratación de defensa a inmigrantes irregulares, las cuales el gobierno habría pagado a una red de abogados defensores para evitar expulsiones de quienes hayan ingresado al país de forma ilícita.
La denuncia se basa en la circulación en redes sociales de una orden de compra por un monto de $235.200.000, destinado a contratar los servicios de un estudio de abogados para esta finalidad. La orden de compra, fechada el 22 de diciembre de 2023, habría sido emitida por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El parlamentario quien también forma parte de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, expresó su preocupación ante esta posible adquisición, que, de confirmarse, considera como grave y con un impacto significativo en la opinión pública.
«Los índices de criminalidad aumentan en el país y, en este contexto, resulta inaceptable que el gobierno esté contratando abogados para defender a personas que han ingresado de manera irregular al país», dijo Castro.