El Consejo Regional contra el Crimen Organizado se creó con el objetivo de implementar las acciones del Plan Nacional contra el Crimen Organizado a lo largo del país, considerando la realidad de la delincuencia organizada de cada territorio, siendo el centro de la toma de decisiones a nivel territorial para enfrentar los fenómenos delictuales complejos de manera coordinada, basándose en el análisis y trabajo realizado por las Unidades de Coordinación Estratégicas (UCE).
Al respecto, el Subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, señaló desde Calama que “la seguridad está puesta entre las primeras preocupaciones de los chilenos y chilenas y tiene una amenaza severa que es el crimen organizado que se dedica al narcotráfico, al tráfico de personas migrantes, a la trata de personas, al contrabando y al tráfico ilegal de armas, un crimen organizado que hoy, en las poblaciones, implica que del 15 al 20% de los chilenos escucha disparos en el lugar donde vive. Es una amenaza a las personas y también a las instituciones del Estado y para la legitimidad de la democracia. Por eso es tan importante luchar contra él. Hoy estamos aquí para contribuir al conjunto de las instituciones del Estado para coordinarlas detrás de un objetivo común que es la lucha contra el crimen organizado.
Vamos a constituir el Consejo Regional contra el Crimen Organizado donde está el Ministerio del Interior, nuestro delegados y delegadas, Carabineros y la PDI, pero también están otras organizaciones con las que tenemos que coordinarnos permanentemente: Gendarmería, el Servicio de Impuestos Internos, Directemar, Aduanas y el Ministerio Público, por eso hoy agradezco la presencia de los fiscales. Aquí tiene que estar todo el Estado, esta no es una amenaza a una institución en particular, es una amenaza al conjunto de la sociedad y por lo tanto son todas las instituciones del Estado, sin exclusión, las que tienen que estar sentadas al mismo lado de la vereda para tomar decisiones sobre qué objetivos nos vamos a poner y cuáles son las estrategias para combatir el crimen organizado. Vamos a constituir este comité y vamos a empezar a trabajar en un plan de adquisiciones para fortalecer las capacidades de las instituciones para prevenir, controlar y perseguir a crimen organizado”.
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En tanto, la delegada Karen Behrens aseveró que “sin duda, la conformación de este Consejo es sumamente relevante porque viene a apoyar el trabajo muy coordinado que venimos realizando desde que asumimos, junto a Carabineros, la PDI y el Ministerio Público. Vamos un paso más allá pues nos permite coordinarnos con otras instituciones lo que va a posibilitar que el ataque a crímenes como la trata de personas, narcotráfico, robo de cobre y otros, puedan tener financiamiento para instrumental e infraestructura necesaria para combatir dichos delitos de forma más eficaz. Es un hito importante, y además que se haga en Calama, da cuenta de un Gobierno que descentraliza y se preocupa de lo que está pasando en comunas. Todos sabemos que el narcotráfico y los decomisos que se realizan pasan por las distintas comunas de nuestra región, por lo tanto este es un hito que ayuda a nuestros socios estratégicos que son las policías, las que han hecho un trabajo extraordinario. Soy categórica respecto del trabajo policial, porque a pesar que los delitos han aumentado en nuestra región, estadísticamente, este aumento ha sido muy inferior a nuestras regiones vecinas. Este es un espaldarazo, una apoyo muy importante que nos permitirá el combate contra la delincuencia que es una preocupación de todos y todas los habitantes nuestra comunidad”.
Esta instancia será liderada por el Subsecretario del Interior, o por quien él designe para cumplir esta tarea, y estará compuesta, por la o el Delegado Presidencial Regional y la más alta autoridad a nivel regional de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería de Chile, Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Ministerio Público