Tras el homicidio ocurrido el fin de semana en la “Parcela 54”, se procedió a la detención del regente del local por el delito de rotura de sellos, esto porque el recinto, que funcionaba de manera clandestina, fue clausurado por la Delegación Presidencial Provincial de El Loa en noviembre del año pasado.
El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros explicó que “queremos ser enfáticos en manifestar que los locales clandestinos de alcohol son focos de inseguridad, violencia y vulneración de derechos, es por ello que desde mediados del año pasado desplegamos una ofensiva decidida para fiscalizar y perseguir penalmente a quienes lucran ilegalmente y ponen en riesgo a las personas que frecuentan estos locales”.
Es por ello que, ante este nuevo hecho de violencia en un local que funcionaba de manera clandestina, el delegado presidencial precisó que ya se han dispuesto medidas como la “denuncia formal ante el Tribunal de Garantía -tal como lo hicimos con la Parcela 31- contra el propietario por su responsabilidad en la reapertura ilegal del recinto y los hechos que allí ocurrieron”.
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Asimismo, la autoridad provincial agregó que “como Delegación Presidencial Provincial de El Loa, estamos enfrentando una problemática que, por años, se intentó normalizar en Calama. Pero hoy decimos con claridad: no lo toleraremos más. Nuestro deber como Estado es cuidar, prevenir y restituir la dignidad de los espacios comunitarios. Por eso seguimos trabajando coordinadamente con Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y los municipios para desarticular esta red de locales clandestinos que no solo infringen la ley, sino que amenazan la paz de la comunidad”.
En esa misma línea, la Delegación Presidencial Provincial de El Loa no solo mantiene la mirada puesta en los recintos clandestinos, sino que también mantiene coordinaciones con la Seremi de Seguridad Pública para la fiscalización de locales que, aun contando con patentes municipales, incurren en graves irregularidades o se convierten en focos de inseguridad. “Sabemos que no basta con cerrar lo ilegal. También hay espacios con autorización que operan al margen de la normativa o que, por acción u omisión, se transforman en escenarios de violencia. Por eso, nuestro compromiso es claro: ningún recinto que ponga en riesgo a la comunidad quedará fuera del radar”, concluyó el delegado Ballesteros.