¿Sabemos realmente qué minerales salen de Chile cuando se exporta un cargamento de concentrado de cobre? Esa es una de las preguntas que pretende abordar un proyecto de ley del senador Esteban Velásquez, representante de la Región de Antofagasta.
La iniciativa propone establecer nuevas obligaciones para los exportadores de concentrados de cobre extraídos en territorio nacional, exigiendo análisis que permitan determinar la totalidad de los componentes presentes en cada partida, buscando corregir las dificultades que enfrenta el Estado para verificar de manera independiente la composición de estos productos y el valor económico de los distintos elementos que contienen.
Actualmente, los contratos comerciales pueden contemplar determinados minerales pagables y otros que, pese a encontrarse presentes en el concentrado, no son valorizados de la misma manera en la transacción. Para el senador Velásquez, esta discusión adquiere especial importancia en una región que concentra una parte fundamental de la actividad minera nacional.
«Antofagasta conoce mejor que nadie lo que significa producir riqueza minera para Chile. Lo mínimo que podemos exigir es que el país sepa exactamente qué recursos están saliendo de su territorio, cuánto valen y cómo se determina ese valor. No podemos seguir dependiendo exclusivamente de la información que entregan las propias compañías», planteó.
El proyecto contempla la obligación de presentar declaraciones juradas de composición y valor estimado antes del despacho de los concentrados. Asimismo, propone entregar los contratos respectivos a la autoridad y establecer mecanismos de fiscalización y sanciones por incumplimientos. Otra de sus disposiciones apunta a impedir que los acuerdos comerciales excluyan de la valorización ciertos componentes recuperables mediante la fijación de umbrales contractuales.
«Cuando hablamos de minería no estamos hablando solamente de toneladas de cobre o de cifras de exportación. Estamos hablando de recursos no renovables, de ingresos públicos y de oportunidades para las próximas generaciones. Cada componente que sale de Chile debe estar correctamnte identificado y fiscalizado», afirmó el parlamentario calameño.
“Además esta iniciativa también permitirá recaudar mayores ingresos para el país, en el difícil escenario económico actual de Chile”, concluyó el legislador.
El debate legislativo deberá abordar, entre otros aspectos, las exigencias técnicas para los exportadores y la forma en que estas obligaciones podrían mejorar los mecanismos de control estatal sobre el comercio de concentrados minerales. La moción se encuentra en primer trámite constitucional y fue derivada a la Comisión de Minería y Energía del Senado.