La Contraloría Regional de Antofagasta emitió un informe tras una inspección a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Calama, donde se acogieron denuncias sobre graves irregularidades. El dato más revelador del documento confirma que el arquitecto a honorarios Álvaro Loins Campillay patrocinó de forma particular 10 proyectos ante la misma repartición donde trabajaba. Esta situación no solo contraviene la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que expuso una red de nexos personales que afectaron la transparencia del proceso.
El informe detalla un conflicto de interés directo al constatar que la arquitecta revisora de la DOM, Natalia Flores Acuña, intervino en la tramitación del expediente N° 211, el cual fue presentado por Loins Campillay. Según los antecedentes del Registro Civil e Identificación, ambos mantienen un vínculo personal directo y tienen un hijo en común nacido en 2022. Esta actuación fue calificada por el ente fiscalizador como incompatible con el principio de probidad administrativa y las exigencias de imparcialidad.
Debido a que estas irregularidades ya habían sido detectadas en una auditoría anterior, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Calama que adicione estos nuevos antecedentes al sumario administrativo ordenado en enero de 2026. El objetivo es determinar las responsabilidades disciplinarias correspondientes por esta falta de abstención en asuntos donde existía un interés particular evidente.
Además, el organismo fiscalizador detectó una nula supervisión de las labores de Loins Campillay, quien percibió más de 18 millones de pesos mediante informes de actividades genéricos y reiterativos que no detallaban el trabajo realizado. Las jefaturas de la DOM y SECPLAC dieron su conformidad a estos pagos sin exigir los respaldos necesarios que acreditaran la gestión del servidor.
En paralelo, la auditoría reveló fallas en el control de asistencia de la funcionaria Flores Acuña, registrándose inasistencias injustificadas y 21 jornadas con marcaciones parciales. Ante esto, la municipalidad deberá regularizar los pagos indebidos por horas no trabajadas e iniciar procesos de restitución de fondos públicos en un plazo de 60 días hábiles.
Finalmente, la Contraloría remitió todos los antecedentes a la Fiscalía Local de Calama del Ministerio Público. Esto se debe a la detección de transferencias electrónicas de dinero desde el Director de Obras hacia funcionarios de su unidad, transacciones que, si bien no pudieron ser vinculadas definitivamente a servicios particulares en esta instancia, requieren ser investigadas por la justicia ordinaria.