Tras 5 años de investigación, desde el Sindicato Chuquicamata, informaron que el Juzgado de Garantía de Calama acogió la solicitud de la Fiscalía de Calama para no preservar en la investigación contra 20 dirigentes sindicales de Codelco, en el marco del llamado «Caso Seguros», en el que los trabajadores y trabajadoras fueron acusados por parte de Codelco de haber montado una supuesta maquinaria fraudulenta usando los seguros de vida.
Esta denuncia fue interpuesta contra los sindicatos 1,2 y 3 de Chuquicamata, así como el de trabajadores de Radomiro Tomic. «La decisión de no perseverar tuvo como base que durante 5 años de diligencias, declaraciones, allanamientos y peritajes por parte de la Fiscalía, la investigación no obtuvo antecedentes ni pruebas para fundar una acusación formal contra los dirigentes sindicales», escribieron mediante un comunicado.
«A esto, se suma lo expresado por el Tribunal Constitucional en abril de 2022, donde declaró inconstitucional el actuar de Codelco respecto de la petición de desafuero que ésta interpuso en contra de los dirigentes de los sindicatos de Chuquicamata», agregaron.
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Sobre esto, el presidente del gremio sindical y también de la Federación de Trabajadores del Cobre, Héctor Roco, dijo que «siempre estuvimos convencidos que este resultado, demostraría nuestra plena inocencia, que no existen pruebas para acusarnos del supuesto fraude orquestado que Codelco divulgó reiteradamente por los medios, como una campaña publicitaria. (Codelco) abusaron al presentar estas querellas y demandas, abusaron de la confianza de sus trabajadores, de la responsabilidad de gestionar los recursos y del compromiso que los dirigentes tenemos con la empresa y el país, Lo único que buscaban era eliminarnos como dirigentes sindicales y pasarnos la cuenta por la huelga legal de julio de 2019».
«Estamos en búsqueda de resarcir los daños sufridos por los sindicatos, los dirigentes (as) y los compañeros despedidos por la empresa en este proceso, para lo cual en octubre del año 2024 iniciamos acciones laborales con ese objetivo. Creemos que la decisión de la fiscalía es, además, una oportunidad para que la actual administración repare todo el mal causado al movimiento indical y a los trabajadores despedidos», finalizó Roco.