En junio se cumplieron 7 años del inicio de la Ley Ricarte Soto, la cual fue instaurada en Chile para ayudar a miles de familias a financiar tratamientos de enfermedades que, en condiciones normales, el costo se volvía imposible de pagar.
Según registros de la Superintendencia de Salud, hasta diciembre del 2021 existía un total de 37.840 personas que padecían una de las 27 enfermedades que la Ley cubre y por tanto, pudieron acceder al beneficio económico. En detalle, son 24.900 mujeres y 12.940 hombres, y los niños y niñas entre 0 y 9 años son quienes más casos suman, con 12.680.
“La Ley Ricarte Soto llegó a apoyar un área que no estaba cubierta, que era poder financiar tratamientos que no era posible costearlos desde el punto de vista particular de cada paciente, independiente del sistema de salud al que corresponden, porque esto no lo cubría ni Fonasa ni Isapre”, indicó la presidenta de la Agrupación Chilena de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCTECU), la doctora Carolina Pavez.
Por su parte, la Dra. Marcela Godoy, presidenta de la Sociedad Chilena de Reumatología (SOCHIRE) aseguró que “antes de la aparición de la Ley Ricarte Soto, el pronóstico de los pacientes era diametralmente opuesto. No sólo tenían que asumir todos los costos médicos y emocionales asociados, sino que los que trataban de mejorar, se empobrecían al tratar de acceder a terapias más efectivas, que – es importante decirlo- no son de primera línea, sino que reservadas para pacientes refractarios a otros tratamientos, y por lo tanto, con enfermedades muchas veces agresivas, dolorosas e invalidantes”.
Sin embargo, a pesar del importante aporte económico que significó la implementación de esta ley en la vida de miles de personas, existen muchos otros pacientes que, tal como lo señaló la Dra. Godoy, se han visto obligados a asumir los costos de sus tratamientos o peor aún, no poder tratarse, pues las patologías que los aquejan no han podido ser incluidas dentro de los estatutos producto de una serie de distintos factores.
“Como médico reumatólogo, creo que existe una cobertura bastante amplia para las patologías incluidas en los estatutos. Sin embargo, existen otras condiciones reumatológicas que también requieren -en muchos pacientes- terapias de alto costo que no están contempladas actualmente. Para ellos, uno quisiera una oportunidad de tratamiento, especialmente en pacientes refractarios a terapias de primera línea: espondilitis anquilosante, algunas vasculitis, por nombrar algunas”, sostuvo la directiva de la SOCHIRE.
A lo anterior se sumó la Dra. Pavez, quien precisó que “a pesar de su amplia cobertura, yo creo que es necesario seguir ampliando dos cosas: uno, incorporar nuevos medicamentos con distintos mecanismos de acción para aquellos pacientes que fallen a la terapia que están ingresada, y dos, poder seguir incorporando pacientes, porque nosotros cada día recibimos más personas que necesitan obtener el beneficio”.
En este escenario, el doctor Javier Arellano, dermatólogo de la Clínica Santa María La Dehesa y Jefe de Dermatología del Hospital San Borja Arriarán, tiene buenas noticias dentro de su área de especialidad, pues reveló que se espera que una patología entre a la Ley.
“Dermatitis atópica es una de las patologías candidatas a ingresar a la Ley Ricarte Soto, básicamente porque un paciente con esta enfermedad ve muy afectada su calidad de vida, desarrolla muchas comorbilidades asociadas a su condición, y también genera muchos gastos al sistema, tanto para él mismo como para su cuidador y los prestadores de salud”, remarcó el profesional de la salud.
En este sentido, desde la SOCHIRE hicieron un llamado para mirar hacia ese sector y considerar enfermedades para su inclusión. “Como SOCHIRE esperamos que se dé prioridad y urgencia a pacientes con patologías no incluidas aún en la LRS, que en este momento no tienen acceso a tratamiento adecuado y que por ello sufren dolor, discapacidad, y los trastornos emocionales, sociales, laborales que de ello derivan”.
Asimismo, la Dra Pavez hizo un llamado a las autoridades para que trabajen en pos de todas las personas que están relegadas por los estatutos. “Creo que, desde el punto de vista parlamentario, lo que se debería hacer es incorporar mayor número de prestaciones, asignarles el código FONASA para que así los pacientes puedan obtener algún tipo de cobertura”, concluyó.