Ante la inminente puesta en marcha de la última etapa de la Ley N° 21.368, más conocida como Ley de Plásticos de un Solo Uso, que entre otras cosas prohíbe el uso de materiales desechables -y no solo plástico- al interior de establecimientos que permiten el consumo de alimentos, la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga); la Cámara Nacional de Comercio (CNC); la Cámara de Comercio de Santiago (CCS); la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur); la Cámara de Centros Comerciales y la Asociación Gremial de Industriales Gráficos (Asimpres), solicitaron al Gobierno aplazar por 18 meses la entrada en vigencia de esta fase final, fijada para el 13 de agosto de este año.
Todas estas industrias comparten el espíritu original de la ley, que busca reducir la generación de residuos. Sin embargo, señalan que prohibir no solo los plásticos, sino también aquellos que permiten su valorización y compostaje, representa un retroceso en materia ambiental tanto para el país como para un sector que ha avanzado significativamente en la adopción de envases amigables con el medioambiente. Este sector ha priorizado envases fabricados a partir de una variedad de materiales, como papel, cartón o polipapel, así como combinaciones innovadoras que incluyen algas, celulosa, almidón de maíz, papa o caña de azúcar, entre otros.
Como consecuencia, la implementación de la ley actual implicaría a todos estos locales a lo largo del país adoptar diversas medidas para usar solo productos reutilizables a partir de agosto, que van desde invertir en vajilla lavable y maquinaria hasta realizar adaptaciones estructurales en los locales, asumiendo en muchos casos altos compromisos económicos.
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En su petición a las autoridades de Interior, Medio Ambiente, Economía, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, los gremios solicitan que se reevalúen los plazos actuales, para que se establezcan directrices claras sobre los requisitos que la industria deberá cumplir en relación con las limitaciones fijadas por la normativa, y la revisión de los aspectos centrales de la ley.
Todo ello, frente a un escenario de alta escasez hídrica, la ausencia de directrices claras sobre la materialidad de los envases destinados al consumo dentro de los establecimientos, y la insuficiente capacidad y oferta que existe en el país para atender la importante demanda de plástico certificado que la industria gastronómica requerirá en el contexto de la limitación de entrega de productos de un solo uso.
Falta de reglamento
Para las industrias firmantes, la incerteza se agudiza con el retraso en la dictación del reglamento de la ley, cuya consulta pública cerró el 11 de abril. Esa normativa debía estar lista 18 meses antes de la entrada en vigencia de la ley; es decir, a más tardar el 13 de febrero de 2023, plazo que no se cumplió.
Ante la eventualidad de que los locales de comida utilicen plástico como material para elementos reutilizables -que también pueden tener una usabilidad limitada, convirtiéndose en residuos con un impacto ambiental mayor que utensilios de cartón o algas-, la demora de este reglamento se vuelve un factor extremadamente complejo. Sin el reglamento dictado a tiempo resulta imposible tomar oportunamente una decisión sobre el tipo de plástico que usar.
A lo anterior se suma que varios factores claves para el uso autorizado de plástico serán determinados por la autoridad después de que esté dictado el reglamento y a través de otras resoluciones. En la medida en que el cronograma original de la ley contemplaba que este reglamento hubiese estado listo 18 meses antes de su puesta en marcha, los gremios plantean que se postergue la entrada en vigencia hasta 18 meses después de que esté dictado el reglamento definitivo.
Por otra parte, para todas estas industrias resulta inquietante que dicho texto no aborde aspectos esenciales relacionados con la prohibición de entregar productos de un solo uso. La ausencia de lineamientos y directrices sobre la materia deja al sector en una compleja situación de incertidumbre, sin una guía clara para cumplir con las disposiciones legales.
Finalmente, los gremios reafirman ante la autoridad su compromiso con la necesidad de seguir avanzando en prácticas que protejan el medioambiente y, de esta manera, contribuir a generar políticas públicas que impulsen modelos sostenibles de negocios, pero garantizando una transición fluida y equilibrada.