A nueve meses del término del gobierno del Presidente Gabriel Boric, la fundación Red Acción Carcelaria presentó un balance sobre el estado de avance de los compromisos asumidos en materia penitenciaria. De las 9 promesas evaluadas, dos se encuentran cumplidas, seis presentan avances parciales y una no registra información suficiente para su evaluación.
Entre las medidas concretadas, se cuenta la aprobación de la Ley de Violencia de Género y la implementación de gestión menstrual en los recintos penitenciarios del país.
En cuanto a infraestructura, se promulgó la Ley N°21.636, que facilita la ampliación y reparación de cárceles, se realizaron mejoras en módulos de mujeres y se inauguró un centro penitenciario femenino en Bulnes. Además, se anunció un Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria, con 14 proyectos financiados y 11 en etapa de estudio de viabilidad. No obstante, la fundación señala que persisten altos niveles de ocupación en los recintos penales.
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El proyecto de Ley de Ejecución de Penas continúa en trámite, sin avances en el Senado desde abril de 2024, a pesar de las indicaciones y urgencias presentadas por el Ejecutivo. Una situación similar enfrenta el proyecto conocido como “Ley Crianza en Libertad”, que busca regular la situación de mujeres privadas de libertad junto a sus hijos menores de edad y que permanece en su primer trámite constitucional desde 2017.
Respecto a dotación de personal, se indica que, pese al aumento de la población penal en los últimos años, no ha existido un crecimiento proporcional en la planta de funcionarios ni en recursos destinados a salud penitenciaria. Según los datos disponibles, el Hospital Penitenciario no cuenta con médico psiquiatra desde 2012 y existen cuatro psicólogos para una población de cerca de 10.000 personas privadas de libertad en la Región Metropolitana.
En materia de derechos políticos, la Ley de Georreferenciación permite desde 2022 que personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a voto. Sin embargo, para las elecciones de 2024, solo 1.200 personas estaban habilitadas para sufragar, de un total superior a 19.000 con derecho a hacerlo.
Finalmente, en el ámbito educativo, 16.000 personas accedieron a programas de educación y capacitación en 2024, lo que representa aproximadamente un 27% de la población penal. La fundación advierte que este porcentaje se ha mantenido, sin crecer al ritmo del aumento de personas privadas de libertad.
Nueva cárcel para Calama
El proyecto penitenciario comprometido por el Ministerio de Justicia avanza conforme a los plazos establecidos. La licitación para la construcción está programada para el segundo semestre de este año, mientras que la correspondiente al diseño se encuentra en sus etapas finales.
“Tal como fue un compromiso de nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos en marzo, hemos continuado informando de manera permanente a la comunidad sobre los avances de este importante y esperado proyecto. Actualmente estamos en tiempo con la licitación correspondiente a la construcción, anunciada para el segundo semestre de este año, y concluyendo las últimas etapas de la licitación de diseño”, señaló Trissy Figueroa Rivera, seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Antofagasta.