Gran revuelo a nivel nacional ha causado el trabajo que realizaron durante la jornada el diputado Sebastián Videla junto al alcalde de Ollagüe, Jhean Ramírez, en donde con recursos propios -según indicó el parlamentario- contrataron maquinarias para cerrar pasos fronterizos no habilitados.
«Me encuentro en la frontera realizando el cierre de pasos no habilitados, donde pasa armamento, autos robados y droga. Vamos a seguir insistiendo que con una retroexcavadora se terminen estos pasos y se coloque tecnología de punta, y por supuesto que se escuche a Ollagüe, una comuna importante y estratégica, y que poco es ayudada por las autoridades centrales», expresó Videla.
Asimismo, en conversaciones con canales de televisión nacional, el legislador manifestó que, muchas veces se han dirigido hacia el nivel central para pedir soluciones, pero que no han sido escuchados, motivo por lo que los obligó a realizar estas acciones.
Acciones que en este momento están siendo blanco de críticas, puesto que desde Santiago, Adriana Delpiano, ministra de defensa, fue enfática en decir que “yo creo que no le corresponde a un diputado excavar. Usted contrata a una empresa para que le haga una excavación, si es que es una decisión soberana que se ha tomado en la región, teniendo a la vista todo los elementos y todos los antecedentes. No puede ser que cualquiera, por su cuenta, haga lo que le parezca hacer, porque eso no nos corresponde a ninguno de nosotros, sea en el espacio público o sea en el espacio privado».
Complementando esto, Miguel Ballesteros, delegado presidencial provincial de El Loa, expresó que «existe un trabajo serio con el Ministerio de Obras Públicas, el Ejército y las policías. Muchas de estas intervenciones no se publicitan precisamente porque se basan en inteligencia operativa y buscan no alertar a organizaciones transnacionales. Aquí la prioridad es la seguridad y la eficacia, no la exposición. Ese es el estándar con el que estamos trabajando».
Del mismo modo, agregó que en la «Provincia de El Loa tenemos un trabajo permanente y coordinado en la frontera, sustentado en el Decreto Supremo 78, que permite el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas junto a Carabineros para reforzar el control territorial. Ese esfuerzo no es esporádico ni mediático: es una política de Estado que ha permitido que nuestra zona sea, por lejos, la que registra la mayor cantidad de decomisos de droga del país. El año pasado en la provincia decomisamos más de 18 toneladas de drogas, y este año ya llevamos más de tres toneladas incautadas en la provincia, lo que demuestra resultados concretos contra el crimen organizado. A eso debemos sumar una disminución de un 54 % de disminución de los ingresos irregulares al país respecto del 2021».