El Sindicato de Trabajadores del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama confirmó el inicio de una huelga legal a partir de este viernes, luego de que los funcionarios sindicalizados aprobaran mayoritariamente la medida tras no llegar a acuerdo con la Fundación Educacional Obispo Luis Silva Lezaeta en el marco del proceso de negociación colectiva iniciado durante marzo.
A través de un comunicado dirigido a la comunidad educativa, el sindicato explicó que la decisión se adoptó después de concluir sin consenso la etapa de mediación obligatoria contemplada en el Código del Trabajo, señalando que se agotaron todas las instancias formales de diálogo antes de concretar la movilización.
La paralización implicará que los trabajadores sindicalizados dejarán de asistir a sus funciones habituales. No obstante, desde el gremio aseguraron que la medida busca avanzar en mejores condiciones laborales y económicas para los funcionarios, manteniendo su compromiso con el bienestar emocional y el desarrollo académico de los estudiantes.
Entre las principales demandas presentadas por el sindicato se encuentran mejoras salariales, reajustes periódicos vinculados al costo de la vida y una serie de bonos asociados a funciones específicas, desempeño laboral, festividades y reconocimiento a la trayectoria de los trabajadores.
El petitorio también incorpora beneficios relacionados con salud y bienestar, incluyendo seguros médicos complementarios, apoyo económico para tratamientos oncológicos, asignaciones para sala cuna y beneficios educacionales destinados a hijos de funcionarios que estudien tanto en el establecimiento como en instituciones de educación superior.
Asimismo, el sindicato planteó propuestas vinculadas a la calidad de vida laboral, como permisos administrativos ampliados, jornadas con horarios especiales en determinados periodos, apoyo para capacitaciones y perfeccionamiento profesional, además de mejoras en uniformes e implementos de trabajo para distintos estamentos del establecimiento.
Otro de los puntos considerados en la negociación corresponde a beneficios por antigüedad, bonos de permanencia, indemnizaciones por renuncia voluntaria y apoyos económicos relacionados con procesos de jubilación y situaciones familiares complejas.
Por su parte, la Fundación Educacional presentó una última oferta formal durante abril, sin embargo, las partes no lograron alcanzar un acuerdo definitivo, lo que derivó finalmente en la aprobación de la huelga legal por parte de los trabajadores sindicalizados.
Finalmente, desde el sindicato hicieron un llamado a la comunidad educativa a informarse sobre el proceso y recalcaron que la movilización corresponde a un derecho legítimo establecido por la legislación laboral vigente.