El senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, lanzó una durísima crítica tras conocerse los escandalosos detalles de la querella criminal por estafa, fraude al fisco y asociación ilícita en el proyecto «Vías del Loa», calificando el cobro actual como el “peaje de la infamia”. El parlamentario comentó que el mecanismo defraudatorio no solo destruyó a pequeñas empresas locales, sino que habría metido la mano directamente en la billetera de los conductores de la zona.
Un robo directo al bolsillo ciudadano
Según los antecedentes judiciales, la concesionaria habría utilizado engaños para obtener beneficios económicos que ahora estarían siendo financiados por los usuarios de la ruta. El senador destacó que, mediante la manipulación de información ante el Ministerio de Obras Públicas, la empresa lograría un aumento del 2,5% en la tarifa base del peaje, un incremento obtenido bajo una “inducción a error” que afecta a miles de familias diariamente.
“Estamos hablando de un desfalco donde cada conductor que pasa por el peaje estaría pagando, según las estimaciones de conocedores del tema, hasta $400 de más sólo para cubrir los vacíos de una estafa planificada”, denunció Velásquez, enfatizando que este sobrecargo es el resultado directo de una oferta temeraria diseñada para lucrar a costa del Estado y la ciudadanía.
Peajes eternos para una obra incompleta
El escándalo cobra ribetes aún más graves al revelarse que la concesionaria ha solicitado extender indebidamente el tiempo de cobro del peaje, asegurando ingresos por décadas sobre la base de costos de construcción inflados y obras que nunca se terminaron. “Es una vergüenza nacional: mientras eximieron a la empresa de construir la Circunvalación Oriente de Calama, permitiéndoles un ahorro de $29.000 millones, nos obligan a seguir pagando peajes como si la obra estuviera completa”, fustigó el senador.
Urgencia de cárcel y reforma legal
Ante este escenario, Velásquez calificó el sistema actual como un “mecanismo de expoliación privada” protegido por una fiscalización del MOP que ha decidido, deliberadamente, no mirar las cubicaciones reales de lo construido. El parlamentario considera que debe existir celeridad en la justicia para los responsables de este despojo de $160.000 millones y una reforma inmediata a la Ley de Concesiones para que nunca más un fraude empresarial se traduzca en peajes abusivos para los chilenos.
“No vamos a permitir que los habitantes de nuestra región sigan financiando este saqueo institucionalizado cada vez que transitan por sus propias rutas”, concluyó el parlamentario.