El proyecto de ley “Escucha su corazón”, presentado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y Renovación Nacional, abrió un nuevo debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales. La iniciativa propone modificar el procedimiento de consentimiento informado previo al aborto legal.
El proyecto plantea cambios al artículo 119 del Código Sanitario para que el médico tratante informe si es posible detectar la actividad cardíaca del embrión o feto y ofrezca a la paciente la posibilidad de escuchar los latidos mediante los equipos disponibles, además de entregar una descripción de esa actividad.
Asimismo, establece que, si la mujer rechaza escuchar los latidos, el profesional deberá abstenerse de realizar el procedimiento y derivarla a otro médico para continuar con la atención, conforme a los mecanismos establecidos en la legislación vigente.
Los impulsores de la iniciativa, los diputados Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré, Chiara Barchiesi, Catalina del Real y Claudia Reyes, y Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, sostienen que la propuesta busca fortalecer el consentimiento informado, argumentando que la actividad cardíaca constituye un antecedente clínico objetivo que permitiría a la paciente adoptar una decisión con mayor información.
Por su parte, desde la oposición cuestionaron la iniciativa y advirtieron que podría aumentar el sufrimiento de las mujeres que enfrentan alguna de las tres causales de aborto legal. Además, señalaron que la propuesta podría generar un impacto emocional adicional en quienes atraviesan embarazos con diagnóstico de inviabilidad fetal, por lo que hicieron un llamado a resguardar la dignidad de las pacientes y garantizar que las decisiones se adopten de manera libre e informada, con el acompañamiento y la información médica necesaria.
En medio de la discusión, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, evitó fijar una postura sobre el proyecto y señaló que corresponde al Congreso debatir la iniciativa. “Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto. Por mi parte puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia”, afirmó.
La propuesta también generó preocupación en el Colegio Médico de Chile (Colmed), que sostuvo que el consentimiento informado debe ser un proceso centrado en la autonomía de la paciente y libre de cualquier forma de coerción.
A través de una declaración pública, el gremio indicó que el consentimiento informado busca favorecer una decisión libre, basada en evidencia científica, juicio clínico y una adecuada relación entre el equipo de salud y la paciente, y no persuadir sobre una determinada decisión. Además, citó recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y el American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), organismos que señalan que este proceso debe ser individualizado, libre de presiones y centrado en la autonomía de la persona.
Actualmente, la legislación chilena permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación.