Un duro revés para la Municipalidad de Calama dio a conocer la Contraloría Regional de Antofagasta tras emitir el Informe Final de Investigación Especial N° 262. El documento revela que el emblemático Estadio Municipal «Zorros del Desierto» ha operado durante años completamente al margen de la ley urbanística. Esto, podría -entre otras cosas- afectar la localía de Cobreloa, quienes están en la parte final del Campeonato de Ascenso Caixún 2026, con altas posibilidades de subir de categoría.
El núcleo de la crisis radica en que el permiso de edificación provisorio del recinto, otorgado en 2013 bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), expiró de manera lapidaria el 3 de julio de 2016 sin haber obtenido una prórroga de la SEREMI MINVU. Esto mantiene al estadio en una profunda irregularidad estructural y sin la recepción definitiva total que habilite su funcionamiento.
Pese a esta inhabilitación legal, la administración comunal permitió que el recinto fuera escenario de 196 encuentros de fútbol profesional entre 2016 y mayo de 2026. De estos eventos, 157 superaron los 3.000 espectadores, exponiendo a masivas concurrencias a graves riesgos operativos que ya cobraron factura con episodios críticos, como la caída de una pantalla gigante y accidentes de hinchas desde las tribunas.
La situación escaló aún más al detectarse el uso de 150 millones de pesos de recursos públicos destinados a la masiva actividad «Museo de la camiseta y partido de leyendas» en enero de 2026. El ente fiscalizador comprobó que el municipio financió y ejecutó este evento festivo en un espacio que carecía por completo de los permisos legales exigidos para recibir público.
Como si fuera poco, el informe apunta a una dilación inexcusable superior a una década en la modificación del Plan Regulador Comunal. La consultoría contratada por más de 319 millones de pesos no solo fracasó en resolver las restricciones del estadio, sino que insólitamente propuso una normativa que prohibía expresamente el destino de «Estadios» en dicha zona, evidenciando una grave falta de supervisión técnica.
Ante la magnitud de las faltas, catalogadas como observaciones altamente complejas, la Contraloría ordenó instruir un procedimiento sumarial para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Asimismo, exigió al municipio reportar medidas concretas en un plazo de 30 días hábiles y abstenerse en adelante de autorizar eventos en recintos municipales desprovistos de habilitación legal.