La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió en un fallo unánime el reclamo de ilegalidad presentado por Codelco, dejando sin efecto el decreto alcaldicio de la Municipalidad de Calama que buscaba declarar bajo resguardo patrimonial, conservación histórica y acceso universal al antiguo campamento urbano de Chuquicamata.
El conflicto jurídico tiene su origen en una medida impulsada por el alcalde Eliecer Chamorro mediante el Decreto N°923 y ratificada posteriormente por el Decreto N°1.007, con la cual el municipio pretendía blindar el ex campamento minero y frenar el avance de los botaderos o tortas de la estatal utilizando herramientas legales comunales.
La ofensiva de la cuprífera estatal escaló hasta los tribunales tras el rechazo del reclamo de ilegalidad administrativo interpuesto por la empresa, motivando un duro enfrentamiento en el que el jefe comunal cuestionó duramente a la cúpula santiaguina de Codelco por su falta de arraigo con la realidad territorial.
En su resolución, la Segunda Sala del tribunal de alzada estableció que la municipalidad incurrió en un actuar ilegal al dictar una resolución que excede sus atribuciones y competencias legales.
El fallo argumenta que la invocación de un fin público, como la conservación cultural o turística, no constituye por sí sola una fuente habilitante para que el municipio se autoatribuya facultades que el legislador ha entregado expresamente a otros órganos del Estado, afectando además bienes que pertenecen al patrimonio de la empresa.
Asimismo, el tribunal cuestionó el mandato de acceso universal permanente contenido en la normativa edilicia, señalando que las funciones municipales no habilitan para imponer unilateralmente regímenes de ingreso a inmuebles ajenos y criticando la absoluta falta de precisión en horarios, aforos y condiciones de seguridad.
Este revés judicial marca un nuevo capítulo en la compleja tensión entre el municipio loíno y la administración central de la cuprífera, un escenario que en su momento llevó al alcalde Chamorro a cuestionar la gestión institucional y a insistir en la necesidad de que Chuquicamata obtenga una protección superior mediante una declaratoria oficial como Monumento Nacional.