La Comunidad Atacameña de Socaire expresó a través de un comunicado su profunda preocupación y molestia frente a la forma en que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ha conducido la definición de la Red de Salares Protegidos (RSP) y la aplicación de la Ley 21.600 del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). La comunidad acusa que el proceso ha sido “centralista, inconsulto y contrario al marco jurídico indígena”, poniendo en riesgo tierras ancestrales en proceso de saneamiento, proyectos comunitarios y la administración territorial histórica que Socaire ha ejercido por generaciones.
La Asamblea General de la comunidad, convocada el 23 de noviembre, rechazó por unanimidad la contrapropuesta del Ministerio al considerarla insuficiente por no respetar los proyectos y procesos de saneamiento de títulos en curso; incompatible con los fundamentos técnicos, territoriales y jurídicos expuestos durante dos años en diferentes instancias; lesiva del plan de vida socaireño y de los procedimientos administrativos de saneamiento territorial vigentes; e incongruente con los principios de buena fe y protección de la confianza legítima que deben guiar la actuación estatal frente a los pueblos indígenas según el ordenamiento jurídico vigente.
El presidente de la Comunidad Atacameña de Socaire, Rodrigo Varas Cruz, Señaló que “el Ministerio está imponiendo figuras de protección sobre territorios que el propio Estado reconoció como ancestrales y cuyo saneamiento está en cursodesde antes de la Estrategia Nacional del Litio y que el Estado había comprometido entregar. No se puede hablar de conservación mientras se vulneran nuestros derechos, nuestra historia y nuestros sistemas de vida y bases de subsistencia.”
Uno de los aspectos más críticos es la situación de Aguas Calientes III (Piedras Rojas)—sector clave para la conservación y el turismo controlado y sustentable que hoy maneja la Comunidad y la transferencia de dominio comprometida por Bienes Nacionales— el Ministerio ha optado por restringir la transferencia de tierras que la Comunidad tiene curso acotándola a una porción mínima y excluyendo sectores en que la Comunidad ya había realizado trabajos como la construcción y mantención de senderos, miradores, caminos, señalética, entre otros que apuntan al resguardo y uso turístico del sitio, pretendiendo que las inversiones que la Comunidad ha realizado, en la práctica, pasen al control del SBAP, una medida que la comunidad calificó como “absolutamente inviable”.
“Aguas Calientes III no es negociable. Esa área sostiene nuestro turismo, nuestra economía y nuestro proyecto de vida. La propuesta del Ministerio desconoce completamente lo que significa esta zona para nosotros y lo que el propio Estado se comprometió a regularizar,” señaló Varas Cruz.
La comunidad recordó que en una reunión sostenida el 30 de diciembre de 2024, el Presidente Gabriel Boric reconoció diferencias territoriales significativas en el Salar de Atacama, validando la necesidad de un manejo diferenciado de los polígonos afectados por la propuesta estatal, aspecto que debe ser considerado de forma integral en el contexto de la Estrategia Nacional del Litio.
A ello se suma la existencia de una expectativa legítima creada por actos estatales, sustentada en: Los estudios DATURA (1998)y URAQI (2024), que identifican los polígonos como territorio ancestral a sanear; Concesiones otorgadas por distintos órganos del Estado; Procesos de transferencia gratuita de dominio comprometidos por Bienes Nacionales; y más de tres décadas de trabajo conjunto entre la comunidad y organismos públicos.
La comunidad afirma que la nueva propuesta del Ministerio desconoce no solo este historial, sino la coherencia legal con la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT y las obligaciones institucionales respecto del saneamiento territorial.
Socaire advierte que la postura del Ministerio ha generado un quiebre severo de la confianza institucional, especialmente considerando que la comunidad ha sido históricamente guardiana del territorio altoandino y promotora de un modelo de conservación compatible con los derechos indígenas.
En línea con lo resuelto por unanimidad en su Asamblea, la comunidad anunció rechazar íntegramente la contrapropuesta del Ministerio, suspender su participación en la consulta indígena y solicitar una revisión completa del proceso, junto con la instalación de una mesa técnica real y vinculante que permita corregir el rumbo.
“Queremos conservación, pero con respeto a la ley y a nuestro territorio. El Gobierno debe intervenir antes de que este conflicto escale aún más” manifestó Varas.
La Comunidad remarcó también que los predios que están actualmente en proceso de transferencia y que busca que sean respetados en la implementación de la Red de Salares Protegidosno afectan los objetos de protección definidos por el MMA, pues los polígonos están fuera de las costras salinas y lagunas —núcleo ecológico de la RSP— y corresponden a zonas ya administradas por Socaire para turismo, resguardo, accesos y uso hídrico esencial.