El martes pasado, en allanamientos de forma simultánea en diversos locales comerciales e inmuebles de la comuna de Calama, se logró la detención de 18 personas relacionadas con el delito de “trata de personas”.
Los sujetos, fueron formalizados por la Fiscalía y quedaron todos en prisión preventiva por los 140 días que dure la investigación. Según expuso el fiscal a cargo, “ambas organizaciones operaban independientemente una de la otra, pero tenían un funcionamiento similar, consistente en captar mujeres en situación de vulnerabilidad en el extranjero, principalmente en Venezuela y Colombia, para luego trasladarlas irregularmente a Calama, donde las obligaban a prestar servicios sexuales con la finalidad de pagar las sumas de dinero que eran gastadas en su traslado”.
Además, se les prohibía abandonar los inmuebles de la organización, hasta que pagaran completamente las deudas contraídas y, “en el evento de incumplir este reglamento, se les aplicaban “multas” en dinero, extendiendo de esa forma su estadía forzada en los locales que manejaban ambas estructuras criminales”, relató.
En cuanto a los detenidos, son 19 personas entre hombres y mujeres, en 17 de nacionalidad venezolana y 2 chilenos, todos mayores de edad. Estos estaban divididos en dos organizaciones criminales distintas, las que venían operando hace un año aproximadamente en Calama, cada uno de estos cumplía un rol jerarquizado dentro de estas organizaciones, como líder, administrador, recaudador, etc; y en conjunto administraban seis inmuebles dedicados exclusivamente al comercio sexual en la comuna.
Según el Subprefecto Cristian Chávez García, jefe subrogante de la Prefectura Antinarcóticos Norte (PREANCONOR) se les retuvo por los delitos de asociación ilícita para la trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.
“Estas dos organizaciones criminales transnacionales, dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, captaban a sus víctimas en el extranjero, les costeaban el traslado, ingresando en forma irregular, para luego instalarlas en la ciudad de Calama para ejercer el comercio sexual, debiendo permanecer vinculados a la organización hasta el pago total de la deuda o las multas que se les aplicaban”, explicó el subprefecto.
Así mismo, estas investigaciones “pudieron establecer el modus operandi, similar entre ambas estructuras, además de la identidad de los imputados y la ubicación de las víctimas; permitiendo con ello poner término al grave atropello a los derechos fundamentales que atentaban contra las víctimas, pidiendo rescatar a 34 mujeres y un hombre, de nacionalidades diversas, como de igual forma, detener a los autores, cómplices y encubridores, además de atacar el patrimonio obtenido en forma ilícita, incautando y congelando sus cuentas bancarias”, cerró.