“No logramos entender como ciudadanía tanto desprecio, marginalización e indolencia de parte
del Ministro de Minería, después del anuncio de la ministra Schmidt el año pasado, para poder
tener un PDA en Calama. Después de 12 largos años de espera, participación y lucha, para que
ahora mantengan paralizada la tramitación por compromisos económicos”, señaló Dalila Peña,
educadora ambiental, miembro de la coordinadora.
Dicha petición es detallada en la Declaración Pública dada a conocer durante la jornada, que
cuenta con la adhesión de un número considerable de agrupaciones, dando cuenta de la
transversalidad de esta demanda. Según señalan en el documento dirigido al Ministro de Minería
Juan Carlos Jobet, y al presidente de la República Sebastián Piñera Echeñique, el llamado obedece
a la desidia que advierten tras la reiterativa postergación de un proceso urgente, que hoy se
mantiene detenido únicamente por la falta de las firmas de las autoridades emplazadas. En la
impresión de los firmantes, esta demora administrativa obedece únicamente a la protección de
intereses económicos de la industria minera, por sobre la salud y la vida de las familias de la
capital loína.
A ello se refiere en detalle Andrea Vásquez, vocera de la coordinadora, que manifiesta su malestar
por el desconocimiento a los años de lucha ambiental. “Hoy día Calama es el fiel reflejo de las
políticas del despojo y centralismo, que históricamente han postergado a nuestra ciudad en su
bienestar. Hoy ese centralismo y despojo tiene nombre a través del Ministro de Minería y a través
del presidente Piñera. Hacemos el emplazamiento junto con 40 organizaciones, para que firmen el
PDA. ¿Por qué no lo han firmado? Queremos que transparenten su posición”, señala.
En relación a las causas que observan para este estancamiento, Andrea es clara. “Nosotros
creemos que ellos están cediendo al lobby minero y por tanto de cara a la ciudadanía tienen que
responder con transparencia a qué intereses sirven. Si siguen a los intereses de la ciudadanía, de la
salud de los y las habitantes, que firmen el Plan de Descontaminación. Pero si responden a los
intereses de la minería y de la megaminería extractivista como es Codelco, que transparenten esa
posición para nosotros ejercer la presión y la movilización, porque lo que estamos exigiendo hoy
día es la salud y la dignidad de los y las habitantes de Calama, a través de la ejecución de este plan
que no puede seguir postergándose. Son 12 años de postergación, no podemos esperar más”,
sostiene la dirigenta.
Cabe mencionar que fue en el año 2009 cuando Calama se declara Zona Saturada por Material
Particulado MP10 en todas sus áreas circundantes, por lo que desde allí comenzó un movimiento
social que ha exigido a todas las autoridades de turno la ejecución de este plan, que de manera
sostenida ha sido aplazado.
Tras lo informado en la declaración, se evidencia que la situación llegó al límite durante el año
2017, cuando la ciudadanía inició una serie de manifestaciones para ejercer presión, tras constatar
que aún figuraba pendiente esta acción, pese a su urgencia y ordenamiento. Dicha situación derivó
en una “Reclamación por Notable Abandono de Deberes” de las autoridades competentes,
acogida por la Contraloría General de la República que, para pesar de las organizaciones, no fue
suficiente para que el Estado chileno reactivará el PDA.
Fue así como el pasado 13 de agosto de 2020 la iniciativa vio luz verde tras ser aprobada en sesión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. No obstante, a la fecha no ha podido ser concretada por un trámite administrativo faltante: la firma del Ministro de Minería.
“Hoy tienen estancada esta demanda que se ha vuelto histórica, por el debate económico que
ellos aluden, por los intereses de la minería y la alta incidencia de cáncer y niños con diagnóstico
de enfermedades vinculadas al espectro autista. Eso no vale, simplemente al Gobierno no le
importa mucho, menos valora la vida y la salud de nuestra gente, ya que ni el presidente es capaz
de llamar la atención del Ministro de Minería”, reclama Dalila Peña, representando a todas las
agrupaciones que firman la Declaración Pública expuesta.