Señor Director:
Llama la atención la señal que acaba de enviar la Corte Suprema con un reciente fallo a propósito de la toma ilegal de un terreno en la Quinta Región. Una señal que incentivará la actuación de mafias que ocupan por la fuerza, lotean y venden terrenos que nos les pertenece. Las mismas mafias que hace un tiempo contrataron un sicario que asesinó a sangre fría al propietario de uno de estos terrenos.
Compartimos plenamente que la situación de las familias que viven en campamentos requiere una solución urgente. El sector público, muchas instituciones de la sociedad civil y nosotros como gremio, entre otros, estamos comprometidos para que así sea. Pero este no es el camino.
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No solo porque incentiva nuevas tomas ilegales. También porque les da un duro golpe a todas las familias que con gran esfuerzo han ahorrado, postulado y obtenido un subsidio habitacional y esperan con infinita paciencia que ese subsidio se convierta en una vivienda digna para vivir.
El mensaje hacia esas familias, y hacia el país, es muy grave: que todo ese esfuerzo puede ser menos efectivo que usar la violencia. ¿Es lo que necesitamos como sociedad? ¿Seguir dejando que la violencia gane nuevos espacios? Estoy seguro que no.
Por otra parte, hay un propietario al que se le exigen condiciones muy difíciles de cumplir para ejercer los derechos que le corresponden: que se coordine con una serie de organismos públicos para que “de manera conjunta, se le otorgue una solución global y efectiva a la situación que viven los recurridos, de manera tal que sus derechos sean igualmente resguardados”.
Resolver la crisis de acceso a la vivienda es una urgencia y una prioridad que demanda gran colaboración. Pero para lograrlo se necesita, en primer lugar, condenar los métodos que consideren la violencia y mucho trabajo en terreno, conocimiento práctico y una mirada sistémica que ayude afectivamente a terminar con el déficit habitacional lo antes posible.
Antonio Errázuriz R-T.
Presidente
Cámara Chilena de la Construcción.