El medio El Desconcierto reveló una compleja trama judicial que involucra la incautación de un avión multipropósito de Carabineros, valorado en $6.2 mil millones, tras una diligencia efectuada por la PDI en la Prefectura Aérea institucional. La investigación, que se gestó en la Contraloría y la Fiscalía, busca esclarecer un presunto fraude al fisco relacionado con la adquisición de esta aeronave para el Plan Frontera Norte en la región de Antofagasta.
De acuerdo a lo publicado por El Desconcierto, la licitación habría estado presuntamente «direccionada» para favorecer a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA, perteneciente a Ricardo Lizana. Un dato clave es que esta firma fue la única oferente en el proceso licitatorio que culminó con la orden de compra del avión Beechcraft B200GT.
La investigación apunta a la posible intervención de oficiales en retiro y a la figura del actual prefecto de la unidad aérea, el coronel Javier Álvarez. Sobre este último, se indaga un posible conflicto de interés debido a que presuntamente trabajó como piloto para la empresa proveedora antes de liderar el departamento encargado de evaluar técnicamente la compra.
Uno de los puntos más críticos expuestos por El Desconcierto es el sobreprecio de la aeronave. Mientras el portal especializado AirCraft Cost Calculator estima el valor de un modelo similar de segunda mano en unos $3 mil millones, la institución uniformada acordó pagar $6.2 mil millones, duplicando el valor promedio de mercado.
El proceso de entrega, que comenzó en diciembre de 2025, acumuló tres actas de recepción «No Conforme» por parte de la propia institución. El primer rechazo se debió a que los motores tenían menos de la mitad de las horas de vuelo exigidas en las bases antes de requerir un mantenimiento mayor o overhaul.
En un segundo intento de entrega en febrero de 2026, los informes técnicos de Carabineros fueron lapidarios al detectar filtraciones de combustible, líquido hidráulico y piezas que no coincidían con los modelos declarados. Estos hallazgos evidenciaron un escenario sistémico de deficiencias técnicas y administrativas graves.
Tras un tercer rechazo en marzo de 2026 por fallas en los sistemas de grabación de vuelo, Carabineros determinó poner término anticipado al contrato. Como consecuencia, la institución retuvo un pago pendiente por $4.3 mil millones y ordenó cobrar las garantías por anticipo tras calificar el actuar de la empresa como un incumplimiento grave.
Por su parte, la empresa AeroTac defendió su cumplimiento ante El Desconcierto, argumentando que las bases exigían características técnicas únicas y que todas las observaciones habían sido subsanadas. Asimismo, informaron que presentaron descargos contra la resolución de término de contrato emitida por Carabineros en abril de 2026.
La nota también destaca la cercanía entre el coronel Álvarez y el representante de AeroTac, Ricardo Lizana, quienes sostuvieron reuniones registradas por Ley de Lobby durante 2024. Dichos encuentros incluyeron invitaciones a recepciones privadas en instalaciones controladas por el mismo empresario.
Finalmente, el Ministerio Público deberá determinar las responsabilidades penales en esta arista de fraude al fisco, mientras la aeronave cuestionada ya fue retirada de los hangares institucionales. Según el reporte de El Desconcierto, las diligencias continúan para esclarecer si hubo intervención indebida en la creación de las bases técnicas de la licitación.