Durante décadas, desde las regiones hemos levantado una demanda legítima: Chile necesita descentralizarse. No puede ser que territorios que aportan significativamente al desarrollo y a los ingresos del país sigan esperando decisiones que se toman a más de mil kilómetros de distancia.
Antofagasta conoce bien esa contradicción. Somos una región que genera una parte importante de la riqueza minera de Chile y, sin embargo, convivimos todavía con enormes brechas urbanas, problemas de conectividad, falta de infraestructura, campamentos y necesidades que nuestras comunas conocen mucho mejor que cualquier oficina en Santiago.
Por eso hemos defendido el Royalty Minero y toda política que permita que una mayor parte de los recursos permanezca en las regiones y comunas donde esa riqueza se genera. Pero esa conquista abre también una segunda responsabilidad que debemos asumir con la misma fuerza: las autoridades regionales y comunales debemos hacer carne la descentralización en la ejecución de esos recursos.
Porque descentralizar no consiste solamente en obtener nuevas atribuciones o mayores presupuestos. También exige una actitud descentralizadora desde las propias regiones.
No podemos mantener permanentemente un discurso cabizbajo, esperando instrucciones o soluciones desde el nivel central para cada dificultad que enfrentamos. La queja frente al centralismo es legítima —y muchas veces absolutamente necesaria—, pero adquiere mucha más fuerza cuando viene acompañada de autoridades regionales y municipales dispuestas a ejercer las facultades que poseen, tomar decisiones y asumir la responsabilidad de ejecutarlas.
Esperamos que no exista una suerte de complicidad involuntaria con el centralismo desde las propias regiones, producto de la inercia, la burocracia o simplemente de acostumbrarnos a que Santiago resuelva nuestros problemas.
La autonomía también se ejerce. Y precisamente por eso la ejecución presupuestaria importa. De acuerdo con la información de DIPRES disponible a julio de 2026, el Gobierno Regional de Antofagasta había ejecutado un 34,3% de su presupuesto de inversión vigente, frente a un promedio de 39,2% de los gobiernos regionales. También es justo señalar que existe una mejora respecto del mismo período de 2025, cuando nuestra región registraba un 25%.
Estos números no deben utilizarse para buscar culpables fáciles. Muchos proyectos financiados con recursos regionales son ejecutados por servicios públicos y distintas unidades técnicas. Lo responsable es determinar dónde están los recursos detenidos, qué proyectos presentan retrasos y qué organismo tiene a su cargo hacerlos avanzar.
Pero tampoco podemos aceptar que la burocracia termine naturalizando la falta de ejecución mientras nuestras comunas acumulan necesidades.
No basta con que el dinero llegue a Antofagasta. Tenemos que convertirlo oportunamente en calles, viviendas, seguridad, conectividad, recuperación de barrios, espacios públicos e infraestructura que permanezca durante décadas.
Y también debemos pensar en inversiones que no necesariamente se materializan en cemento, pero que pueden cambiar estructuralmente nuestra calidad de vida.
Un buen ejemplo es la formación de médicos especialistas para la Región de Antofagasta. Contar permanentemente con especialistas en las distintas áreas no puede seguir dependiendo de soluciones improvisadas cada vez que aparece un déficit.
Aquí existe una responsabilidad compartida entre el Servicio de Salud de Antofagasta, el Gobierno Regional y municipios como Antofagasta y Calama, que pueden concurrir con recursos para impulsar programas permanentes de formación y especialización.
Pero para aquello se necesita planificación. El Servicio de Salud debe acelerar este trabajo, determinar las especialidades que requiere la región y realizar oportunamente, año tras año, las gestiones ante el Ministerio de Salud y las universidades para obtener los cupos necesarios para la formación de especialistas.
No podemos seguir a la vuelta de la rueda, comenzando una y otra vez la misma discusión cada vez que cambia una autoridad o un gobierno. Y esta no es una crítica atribuible exclusivamente a un sector político. La excesiva dependencia de las decisiones centrales ha atravesado administraciones de conservadores y progresistas.
Precisamente allí se juega la verdadera descentralización.
Los recursos provenientes del Royalty Minero representan una oportunidad extraordinaria para financiar inversiones de trascendencia regional: aquellas que no resuelven solamente una contingencia del año presupuestario, sino que construyen capacidades que permanecen en Antofagasta.
Por eso tampoco sería razonable que una ejecución insuficiente se transformara en argumento para quitar recursos a las regiones y devolver decisiones a Santiago. La respuesta debe ser exactamente la contraria: fortalecer las capacidades regionales y municipales, identificar los cuellos de botella, transparentar la ejecución y exigir responsabilidad a cada institución encargada de transformar los recursos en resultados.
Durante años hemos dicho al nivel central: confíen en las regiones. Ahora corresponde que las regiones demuestren también que confían en sí mismas.
Si pedimos más atribuciones, tenemos que ejercerlas. Si conseguimos más recursos, tenemos que ejecutarlos. Si reclamamos autonomía, debemos estar dispuestos a tomar decisiones y asumir las responsabilidades que vienen con ella.
Antofagasta no puede conformarse con recibir más. Tiene que aspirar a decidir mejor, planificar mejor y ejecutar mejor.
Porque la descentralización no se mide solamente por cuánto dinero logramos sacar de Santiago. También se mide por cuánto de ese dinero somos capaces de convertir en soluciones y capacidades permanentes en nuestros territorios.
Hacer carne la descentralización significa dejar de esperar que siempre sea otro quien resuelva nuestros problemas.
Ese cambio no depende solamente de una ley o de una nueva atribución administrativa. Depende también de la actitud de quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras regiones y comunas.