Al determinar la naturaleza de un sistema educativo, más que en cualquier otro ámbito, se decide críticamente sobre el futuro de la sociedad misma. Es por esa razón, y con motivo del proceso constituyente que la Red de Universidades Públicas agrupadas en el G9 presentaron una norma constitucional para garantizar un sistema universitario con proyectos diversos, equitativo, inclusivo, con compromiso público y regional, y con producción de conocimiento de excelencia.
La iniciativa N° 59.750 busca que la Convención Constitucional reconozca la función pública que han tenido los planteles de la Red G9, como la Universidad Católica del Norte, desde sus orígenes, garantizando una igualdad de reconocimiento a las Universidades Públicas no Estatales G9 con las universidades del Estado en lo concerniente a la preservación de garantías de autonomía en la gestión y en el régimen de financiamiento simétrico. El vínculo entre el Estado y nuestras universidades ha sido funcional al desarrollo de la educación pública chilena, el país y esencial para que el Estado pueda alcanzar sus propios fines.
Rodrigo Alda Varas, rector de la UCN, detalló que la iniciativa propone consagrar y mantener la libertad de enseñanza, porque de lo contrario, “limitaría las alternativas de la ciudadanía para elegir sus propios proyectos de vida en una sociedad pluralista, en un espacio singularmente relevante donde se forman las personas en distintos saberes, y que genera el conocimiento que el país requiere para su progreso”.
La propuesta se enmarca dentro del documento “Educación Superior y Constitución: Aportes para la Convención Constitucional”, que presentaron los rectores en diciembre pasado a la mesa de la Convención Constitucional con el objetivo de dialogar y reflexionar en torno a la educación pública superior, poniendo énfasis en tres grandes ejes: la función pública, el régimen público y la autonomía universitaria, aristas que piden consagrar en la redacción de la nueva carta magna.
GARANTÍAS
En esa línea, para la Red G9 es imperante garantizar la igualdad de reconocimiento con las universidades del Estado en lo concerniente a la preservación de garantías de autonomía en la gestión y en el régimen de financiamiento simétrico. Ello, sostiene la norma presentada, permite resguardar “la posibilidad de seguir desempeñando, sin discriminación y en condiciones de equiparación con las instituciones estatales, el valioso rol que las universidades de la Red G9 vienen desarrollando hace décadas y cuyas obras y frutos están objetiva y claramente a la vista”.
En suma, la nueva disposición constitucional, a la cual todos y todas están invitamos a apoyar hasta el 1 de febrero, espera ser un consenso social básico en materia de educación superior, a fin de buscar el necesario equilibrio entre la dimensión de prestación del derecho a la educación como derecho social y de libertad, manifestada en la libertad de enseñanza.
Para apoyar esta iniciativa, firma aquí. Plazo hasta el 01 de febrero.