La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió esta jornada aprobar la petición de desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex Revolución Democrática), solicitud realizada por la Fiscalía con el fin de formalizarla en el marco del caso Democracia Viva por el presunto delito de fraude al fisco.
La defensa de Pérez argumentó que «por lo tanto, aquí se reafirma que cualquier tipo de involucramiento que se pueda desprender de esta prueba, solamente ha sido político y mediático. La defensa de la diputada Pérez sostiene que la solicitud de desafuero se basa en especulaciones, en rumores, y no existen pruebas suficientes”.
E tanto, el fiscal jefe de la Fiscalía de Antofagasta, Cristian Aguilar, habló sobre la suscripción de tres convenios de la Fundación Democracia Viva -de Daniel Andrade, ex pareja de la diputada-, con el Serviu, facilitados por el ex seremi Carlos Contreras y el rol de Pérez en los tratos.
«(…) Entonces ya desde esa época partimos mal y estamos viendo cómo se va artificialmente creándose una maquinación para favorecerse contratos fiscales para fines políticos, fines políticos, porque eso es lo que el mismo Daniel Andrade reconoce también en conversaciones por WhatsApp», sostuvo el fiscal.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), como parte querellante, enfatizó que «a fines de junio de 2022, Daniel Andrade ya estaba en conversaciones, con la asistencia de la diputada Catalina Pérez, de que había dinero fiscal respecto del cual podía ser favorecida la fundación que él representaba». «El punto es que la invitación oficial se le cursa a Democracia Viva, por instrucción de Carlos Contreras el 14 de julio de 2022. Es decir, 15 días antes Daniel Andrade tenía antecedentes de que iba a ser invitado para participar como institución en la ejecución de tratos fiscales, ¿cómo lo consiguió? Por Carlos Contreras con la asistencia de la diputada Pérez», subrayó.
La parte querellante también enfatizó en que, si bien Contreras y Andrade tenían conversaciones en torno a los convenios, posteriormente «en los celulares de Andrade y Contreras no existen conversaciones entre ellos. Resulta que Daniel Andrade le envió pantallazos a Paulina Cabrera y a Catalina Guzmán de conversaciones que tenía con Contreras de los convenios. ¿Qué significa esto? Para ocultar la información o las conversaciones que tenían, ambos eliminaban los chats (…) lo mismo pasa con la diputada Pérez».
También se indicó que Daniel Andrade «le contaba todo lo que hacía (a Pérez) y le pedía su consejo y su ayuda para todas las actividades que desplegaba, en su vida normal como en el desempeño de actividades laborales. Le pedía asistencia, consejo de cómo lo tenía que hacer para postular (…) incluso le pedía que le corrigiera los borradores de las conversaciones por WhatsApp respecto a lo que él enviaba».
La parte querellante también indicó que la diputada Pérez «estaba al tanto que Andrade tramitaba un contrato falso de arrendamiento del inmueble (…) en Ñuñoa», en referencia a la presunta oficina donde funcionaba Democracia Viva.
Además, señaló que Contreras y Andrade se pusieron de acuerdo para «blindar» a la parlamentaria por cualquier responsabilidad en torno a los convenios, «y por eso hay conversaciones donde se dice que ‘se cambia de estrategia, Catalina Pérez nos va a echar la culpa y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad'».
En otro punto, el querellante sostuvo que tanto Pérez como Andrade eliminaron de sus celulares todo contacto que mantuvieron con el imputado Contreras.