La Dirección Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur instruyó un proceso disciplinario interno con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados por el diputado José Miguel Castro, quien acusó la entrega irregular de días interferiados a funcionarios del servicio en medio de su etapa de instalación en las comunas de Calama, San Pedro de Atacama, Ollagüe, María Elena y Tocopilla.
Según detalló el parlamentario, la Contraloría General de la República respaldó su denuncia a través del Oficio E78962, fechado el 14 de mayo de 2025, en el cual concluyó que las resoluciones que autorizaron estos permisos “no se ajustaron a derecho”.
Además, la entidad fiscalizadora ordenó la apertura de un proceso disciplinario para indagar posibles responsabilidades administrativas. Las jornadas cuestionadas —conocidas como “feriados XL”— corresponden a los días 20 de mayo, 21 de junio, 15 de julio, 16 de agosto y 16 y 17 de septiembre de 2024, autorizadas mediante las resoluciones exentas N° 79, 83 y 132 del mismo año. Durante estas fechas, solo un funcionario —el subdirector de Administración y Finanzas, Javier Velarde Bernardino— quedó a cargo de la atención a público.
Para el diputado Castro, este escenario refleja “un relajo institucional inaceptable en un servicio que debía asegurar continuidad operativa y planificación”, especialmente considerando que el SLEP ya enfrentaba problemas graves en la gestión educacional.
Entre las consecuencias mencionadas por el parlamentario se encuentran cortes de suministro eléctrico en establecimientos, pagos atrasados de servicios básicos, sueldos impagos a docentes, falta de insumos para los equipos directivos y materiales para los estudiantes. Asimismo, se ha reportado déficit de profesores en varios colegios, situación que ha obligado a buscarlos a través de redes sociales.