Un análisis del comportamiento de los proyectos inscritos en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) durante la última década reveló que la inversión pública en la Región de Antofagasta sigue marcada por una fuerte desigualdad territorial, baja ejecución de proyectos y escasa participación municipal. Así lo consigna el informe elaborado por el Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Católica del Norte, que examinó la evolución de la inversión pública entre 2015 y 2024.
Uno de los principales hallazgos del estudio —realizado por los investigadores Paulina Ponce-Philimon y Juan Páez Cortés— es que comunas como Antofagasta, Calama y Tocopilla concentraron más del 75% de los recursos ejecutados en dicho período, dejando a localidades más pequeñas con niveles mínimos de inversión.
Desigualdad persistente
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El informe indica que, a pesar de algunos avances recientes hacia una mayor desconcentración, como el incremento de recursos en Mejillones (10,2%) y María Elena (16,1%), la distribución no sigue necesariamente criterios poblacionales ni de equidad. Un ejemplo de esta asimetría es que María Elena, con apenas el 1,2% de la población regional, absorbió más del 16% del gasto ejecutado, mientras que Taltal —con mayor número de habitantes— permanece subrepresentada de forma sistemática.
En el caso de comunas como San Pedro de Atacama, también se observó una participación significativa (7,9%) pese a su baja densidad poblacional, fenómeno que se explicaría más por la existencia de carteras estratégicas que por criterios demográficos.
Otro punto crítico es la baja ejecución real de los proyectos registrados en el BIP. Según el análisis, muchas iniciativas quedan detenidas antes de llegar a etapa de implementación, especialmente en comunas como Ollagüe, Sierra Gorda y Taltal, lo que revela problemas estructurales relacionados con la planificación, la escasez de equipos técnicos calificados y el limitado acceso a financiamiento.
“El problema no es solo de recursos, sino de capacidades”, señaló el informe, que también advierte sobre la fragmentación entre los distintos niveles de gobierno. En varios casos, los municipios tienen una participación casi nula en la planificación o cofinanciamiento de proyectos, lo que limita su incidencia en el desarrollo de sus propios territorios.
Enfoque sectorial desequilibrado
El estudio también evidencia un sesgo marcado hacia la inversión en infraestructura dura, principalmente en Transporte y Recursos Hídricos, dejando relegados sectores sociales fundamentales como Salud, Educación, Medio Ambiente y Vivienda. Esta orientación dificulta la construcción de un desarrollo regional más integral y sostenible.
Además, se indica que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), diseñado para fomentar la descentralización, ha tendido a concentrarse en comunas con mayores capacidades de gestión, como la capital regional, en vez de corregir las desigualdades existentes.
Para las comunas más pequeñas, como Ollagüe o Sierra Gorda, el informe observa una alta volatilidad en la inversión, con años de fuerte caída y repuntes ligados a proyectos aislados. Esta falta de continuidad en las iniciativas públicas impide consolidar mejoras estructurales o avanzar en un enfoque multisectorial sostenido.
Frente a este escenario, el IPP plantea como desafío prioritario el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales y la institucionalización de mecanismos de planificación con enfoque territorial. “Se requiere una inversión pública que combine eficiencia con equidad, y que garantice que los recursos del Estado lleguen efectivamente a todas las comunas de la región, sin importar su tamaño o capacidad operativa”, concluye el estudio.