El consumo problemático de drogas y alcohol es una realidad que impacta a familias completas y tensiona al sistema penal, lo que ha llevado a buscar respuestas distintas a la sanción tradicional, dando paso a los Tribunales de Tratamiento de Drogas, una herramienta que combina justicia, salud y acompañamiento profesional.
En Antofagasta y Calama, estos tribunales operan desde los Juzgados de Garantía y permiten que personas imputadas por delitos de menor complejidad, sin antecedentes penales relevantes y con consumo problemático acreditado, accedan a la suspensión condicional del procedimiento, siempre que acepten someterse a un tratamiento supervisado.
En este modelo, la Defensoría Penal Pública cumple un rol central, ya que es la institución encargada de asegurar que las personas imputadas comprendan plenamente sus derechos, las condiciones del programa y las consecuencias jurídicas de su decisión, resguardando el debido proceso y la voluntariedad del ingreso al tratamiento.
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El Defensor Regional (S) de Antofagasta, Hernán Verdugo Díaz, señaló “La labor de la Defensoría en estos casos va más allá de la representación en audiencia, ya que implica acompañar procesos complejos donde se cruzan factores jurídicos, sociales y de salud, velando porque la respuesta penal no profundice situaciones de exclusión o vulnerabilidad”.
La participación activa de defensores y defensoras en audiencias de control, evaluaciones diagnósticas y seguimiento del cumplimiento de los tratamientos permite fortalecer un enfoque de justicia terapéutica, que busca disminuir la reincidencia y favorecer la reinserción social, poniendo a la persona en el centro del proceso.
Si bien los Tribunales de Tratamiento de Drogas no resuelven por sí solos el fenómeno del consumo, la experiencia en la Región de Antofagasta demuestra que, con el trabajo coordinado del sistema judicial y el rol garante de la Defensoría Penal Pública, es posible avanzar hacia una justicia más humana, efectiva y comprometida con la recuperación y la dignidad de las personas.