Un grupo de 23 trabajadores presentó una demanda laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama contra FINNING Chile S.A., LABORCE EST SpA y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), acusando un presunto fraude a la ley de subcontratación, despidos injustificados y vulneración de derechos fundamentales.
Según la acción judicial, los trabajadores prestaron servicios de forma continua en divisiones de Codelco como Chuquicamata, Ministro Hales y DMH, desempeñando funciones permanentes vinculadas directamente a la operación minera. Sin embargo, fueron contratados bajo la modalidad de servicios transitorios, mediante una cadena que involucró a Laborce como empresa de servicios transitorios y a Finning como contratista de la estatal.
La demanda sostiene que, durante meses e incluso años, los operarios firmaron contratos de corta duración que se renovaban de manera sucesiva, con finiquitos y recontrataciones constantes, lo que les impidió acceder a estabilidad laboral y beneficios asociados a contratos indefinidos.
La abogada patrocinante, Carolina Latorre Cruz, de Pactum Asesores, señaló que “se utilizó la subcontratación para ocultar una relación laboral permanente, en contravención al Código del Trabajo”. Agregó que los trabajadores cumplían funciones propias del giro de Codelco, bajo supervisión directa, lo que a su juicio configura un fraude a la ley. La profesional también advirtió que este modelo habría impactado incluso en la seguridad, luego de que un camión de la empresa se incendiara tras el despido masivo del personal encargado de su mantención.
El conflicto se agudizó tras la conformación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Laborce EST SpA, el 1 de octubre de 2025, y una denuncia posterior ante la Inspección del Trabajo de Calama. Una fiscalización oficial concluyó que existía precarización laboral y uso indebido de contratos transitorios, señalando que los trabajadores cumplían labores permanentes sin una causa objetiva que justificara la temporalidad.
De acuerdo con la demanda, luego de esta fiscalización Finning puso término anticipado al contrato con Laborce, lo que derivó en el despido de los 23 trabajadores. La parte demandante califica esta decisión como una represalia por la sindicalización y la denuncia ante la autoridad laboral.
La acción judicial también incluye a Codelco como demandada solidaria, argumentando que la empresa principal se benefició de los servicios y tenía conocimiento de las condiciones laborales, por lo que debe responder conforme a la ley de subcontratación.
El caso busca que el tribunal declare la existencia de una relación laboral directa con Finning, el pago de indemnizaciones por despido injustificado y vulneración de derechos, además de bonos establecidos en el Acuerdo Marco del sector. El resultado del juicio podría marcar un precedente relevante para la subcontratación en la minería chilena.