En una movida política de alto impacto que busca retomar la iniciativa en la agenda de seguridad pública, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia ingresó este lunes un paquete de urgencias legislativas para acelerar la tramitación de 20 proyectos de ley en el Congreso Nacional. La ofensiva del Ejecutivo apunta directamente a los nudos críticos que hoy preocupan a la ciudadanía: el control de las fronteras, la crisis penitenciaria, el crimen organizado y la delincuencia en el transporte público.
La prioridad máxima, bajo el sello de Discusión Inmediata, la encabeza la reforma a la Ley de Migración y Extranjería, que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, una medida largamente exigida por diversos sectores para frenar la crisis en el norte del país. A esto se suma un cambio estructural profundo en la arquitectura de seguridad del Estado: la modificación de la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, otorgándoles un nuevo estatus y mayores facultades. En esta misma línea de alta prioridad, se busca crear el Subsistema de Inteligencia Económica, una herramienta diseñada para «seguir la ruta del dinero» y asfixiar financieramente a las bandas del crimen organizado antes de que logren infiltrarse en la economía legal.
En el segundo nivel de prioridad, bajo Suma Urgencia, el Gobierno ha puesto el acelerador en medidas de control territorial y beneficios sociales. Destaca el refuerzo de las facultades de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la seguridad nacional en zonas fronterizas y una restrictiva modificación que busca limitar el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios financiados con cargo fiscal. El plan de seguridad también se traslada a las calles y al transporte: se exigirá obligatoriamente el documento de identidad para viajes interregionales en bus y se endurecerán las sanciones para quienes evadan el pago del pasaje o cometan delitos en la red del Metro de Santiago.
La vigilancia en los recintos penales también será reforzada con nuevas leyes que sancionan penalmente los daños a la infraestructura penitenciaria y fortalecen la seguridad perimetral de las cárceles para evitar el ingreso de elementos prohibidos. Pero no todo es seguridad dura; el paquete legislativo también abarca urgencias para la Ley de Patrimonio Cultural, la facilitación para crear nuevos colegios, y una reforma clave a las Sociedades Anónimas Deportivas para aumentar la fiscalización y la participación de los hinchas. Incluso el sector salud verá cambios con la regulación estricta de la venta de fármacos para combatir su comercialización ilegal en ferias y vía pública.
Finalmente, el Ejecutivo incluyó urgencias simples para proyectos que afectan la vida cotidiana y el proceso judicial, como el aumento del plazo de flagrancia para permitir detenciones efectivas más allá de las primeras horas de un delito, y la modernización de las licencias médicas a través del fortalecimiento de las facultades de las Compin.