En un masivo operativo coordinado por la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, diversas instituciones públicas desbarataron un matadero clandestino que operaba en un predio agrícola ubicado en el sector oriente de la comuna. La fiscalización intersectorial que contó con la participación de la Seremi de Salud, la Dirección del Trabajo, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Carabineros y la PDI, apuntó a desmantelar un grave foco de insalubridad y precarización laboral en la zona periférica de la capital loína.
El procedimiento penal terminó con la detención de dos personas de manera flagrante en el mismo terreno. Al respecto, el comisario de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, Luis Montecinos Sáez, explicó que la acción se ejecutó tras la alerta de la delegación: «Se trasladó en contexto de denuncia hasta un sector de un predio agrícola ubicado en el sector oriente, alejado de la comuna de Calama, lugar donde se pudo detectar, conforme al posible antecedente de faenamiento clandestino de animales, se constató la existencia del hecho», detalló el oficial, confirmando el arresto de la dueña del recinto y de uno de sus trabajadores.
Desde la arista de salud, el recinto fue clausurado de inmediato debido al inminente riesgo sanitario que representaba para la población. Nathaly Córdova Rodríguez, coordinadora de la oficina provincial El Loa de la Seremi de Salud, precisó que se fiscalizó «una instalación que realizaba sacrificio y faenamiento de animales sin la autorización sanitaria, lo que constituye un incumplimiento al Reglamento Sanitario de los Alimentos», confirmando también el inicio de un sumario y la prohibición definitiva de funcionamiento del lugar.
A las faltas sanitarias y penales se sumó una inspección en materia laboral que dejó al descubierto la total desprotección en la que desempeñaban sus funciones quienes operaban en la faena. Manuel Palta, inspector provincial del Trabajo, reveló que tras desplegar a su equipo de fiscalizadores, «pudimos verificar la presencia de cuatro trabajadores, los cuales se encontraban al momento de la visita inspectiva sin sus respectivos contratos de trabajo, sin registros de asistencia, sin liquidaciones de sueldo y sin sus cotizaciones previsionales al día», lo que derivó en severas infracciones bajo los artículos 31 y 32 del DFL 2 por no mantener la documentación mínima en el lugar de trabajo.
Las autoridades locales hicieron un urgente llamado a la comunidad calameña a no adquirir productos cárnicos de dudosa procedencia, al tiempo que confirmaron que todos los antecedentes de este caso ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar las acciones judiciales correspondientes.
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