Una severa auditoría de la Contraloróa General de la República dejó al descubierto graves deficiencias y retrasos acumulados por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la SEREMI del Medio Ambiente de Antofagasta en el control de la zona saturada de Calama. El documento fiscalizador constata que, tras más de 17 años desde la declaración de la ciudad como zona saturada por material particulado (MP_{10}) mediante el decreto N° 57 de 2009, el territorio aún carece de un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) vigente, luego de que el tribunal ambiental anulara el instrumento previo en febrero de 2024.
El informe de control externo advierte que la SMA opera sin mecanismos de revisión automatizada ni alertas para supervisar las tronaduras de Codelco, lo que permitió la ejecución irregular de múltiples detonaciones diarias en una misma división, fuera de los horarios permitidos y bajo condiciones meteorológicas desfavorables. Asimismo, se detectó que los reportes anuales de emisiones presentados por las divisiones Ministro Hales y Radomiro Tomic carecían de los medios de verificación elementales —como archivos georreferenciados y programas de humectación— exigidos para asegurar una eficiencia mínima de abatimiento de polvo del 85% en caminos no pavimentados.
Por su parte, la SEREMI del Medio Ambiente enfrentó fuertes cuestionamientos por la falta de coordinación interinstitucional durante la evaluación del Plan de Acción de Codelco. Esto generó que varias rutas y sitios eriazos contemplados para la estabilización con supresores de polvo terminaran interrumpidos por obras viales de la Dirección de Vialidad, además de registrarse superposiciones totales y parciales entre el programa de barrido de calles de la estatal y los servicios de limpieza ejecutados por la propia Municipalidad de Calama. A lo anterior se suman demoras excesivas en la tramitación de instrumentos normativos y la actualización tardía del inventario de emisiones.
La fiscalización también arrojó sombras sobre la gobernanza comunitaria y la infraestructura tecnológica de vigilancia ambiental en la zona. Se evidenció que la Mesa de Transición Socioecológica Justa (MTSJ) dejó de sesionar a fines de 2025 sin cumplir a cabalidad con la divulgación de avances a la ciudadanía, mientras que programas de formación de monitores ambientales comunitarios comprometidos por Codelco para los periodos 2024 y 2025 quedaron paralizados por retrasos en sus licitaciones.
Finalmente, una inspección en terreno realizada por el equipo de control y la propia SEREMI en junio de 2026 reveló fallas operativas críticas en la recientemente inaugurada Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Estaciones clave como Hospital del Cobre y Club Deportivo 23 de Marzo operaban sin sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) ante cortes eléctricos, carecían de planos eléctricos en sus casetas y presentaban marcadas discrepancias de datos entre los equipos en terreno y la plataforma pública de visualización AireCalama. Ante este escenario, la Contraloría instruyó un plazo fatal de 60 días hábiles para que los servicios públicos adopten medidas correctivas y documenten su cumplimiento.