El Centro de Detención Preventiva (CDP) de Calama, penal que fue diseñado para albergar a 296 reclusos, hoy cuenta con 630 internos, lo que corresponde a una sobrepoblación que supone el 213% de su capacidad.
Esto fue abordado por el jefe nacional de la Defensoría Penal Pública (DPP), Carlos Mora, y aterrizada por el jefe regional de esta administración, Ignacio Barrientos Pardo, quien precisó que el 47% de esta sobrepoblación corresponde a extranjeros.
«De acuerdo a la última información que tenemos, la población penal CDP de Calama, alcanza a los 630 personas ingresadas, y tenemos que decir que la población para la cual fue construido ese recinto es de 296. O sea, tenemos un 213% de hacinamiento en la cárcel de Calama», explicó el defensor regional.
Por lo anterior, agregó que «de esta cifra, prácticamente el 50% son personas ya condenadas con sentencias ejecutoriadas que cumplen sus penas, y el resto es de imputados en prisión preventiva. Del total de la población del CDP de Calama, podemos decir que el 47% son de nacionalidad extranjera, principalmente bolivianos, colombianos y venezolanos. Un 47% implica casi el 50% de la población penal de nacionalidad extranjera».
CAUSAS
Indagando sobre las consecuencias de esta sobrepoblación del penal, ubicado en calle Granaderos, Barrientos esgrime que «eso tiene varias explicaciones. Uno, es el uso de la prisión preventiva como medida cautelar, y dos; tememos como causa de este hacinamiento es la exclusión de la aplicación de la pena sustitutiva de expulsión judicial respecto a delitos comunes, como delitos de la ley 20.000 (tráfico de drogas)».
Así mismo, el defensor regional agrega que «el hacinamiento es de por sí una situación que afecta la dignidad de estas personas. Pero además pone en situación de peligro a todos los internos del penal, porque el manejo de una población penitenciaria que desborda con creces el número para el cual fue diseñada, acrecienta las posibilidades de conflicto. Eso no solo es un riesgo para la convivencia interna, sino para toda la comunidad».
Finalmente, Ignacio Barrientos añade que «nosotros observamos la situación carcelaria porque está dentro de nuestras obligaciones. Presentamos el año pasado diversas acciones de amparo ante los jueces de Garantía de Calama para procurar que las condiciones de habitabilidad dentro del penal fueran mejores, y que el aumento de la población penitenciaria no desborde. Como, por ejemplo, evitar que se generen traslados que tengan como destino el CDP de Calama».