Preocupada se encuentra una familia de Calama, luego que el pasado lunes 21 de julio fueran víctimas de un procedimiento errado -según ellos mismo confirmaron-, en donde las policías ingresaron a su domicilio acusándolos de tráfico de droga, esto en Vasco de Gama, sector poniente de la ciudad.
«Alrededor de las cinco y media, estaba en el segundo piso con hija, y mi hija mayor estaba con mi marido en el primer piso. Ahí, se sintió un ruido fuerte y escucho que mi pareja les dice que estaban equivocados, bajé con mi hija que estaba de cumpleaños y vi que tres policías lo tenían en el suelo a él apuntándole con ametralladoras, diciendo que tenían orden del juez para hacer registro del domicilio por una demanda de tráfico de droga», explicó Sara Arcos, afectada por esta situación.
En ese momento, ella les solicitó la orden, pero -según relató- le mencionaron que primero harían el registro y que después le mostrarían el papel. «Rompieron las puertas, nos sentaron, nos quitaron los teléfonos, subieron al segundo piso, destrozaron la pieza entera, dieron vuelta las camas, sacaron la ropa de las cajoneras, y no encontraron nada», continuó, agregando que -al parecer- había personal de la PDI, del GOPE y del OS7, siendo alrededor de 20 los efectivos policiales dentro de la vivienda, quienes una vez terminado el procedimiento, les pidieron las disculpas porque «les dieron mal el dato».
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Tras este mal momento, Sara se dirigió hasta la fiscalía para poder presentar una denuncia y/o solicitar los documentos, sin embargo, fue derivada a la Prefectura de Carabineros, y desde ahí a la primera comisaría, donde «ellos me dijeron que no podían darme el nombre de quien estaba a cargo, no porque no quisieran ocultar a los oficiales, sino porque fue un procedimiento aprobado por un juez, y yo le dije si podían mostrarme la orden de registro, y que con eso me quedaba tranquila, pero me dijeron que debía poner un reclamo formal por la página de la comisaría virtual, y ahí me pide el nombre de quien estuvo a cargo del procedimiento, y no los tengo. Cuando se lo mencione, me dijeron que omita esa parte y que coloque todo lo que pasó ese día».
Finalmente, la mujer aclaró que «yo llevo viviendo en esa casa hace 5 años, pero mi pareja arrienda desde el 2018, mis hijas nacieron ahí, yo estoy de acuerdo con que se hagan estos procedimientos, pero con verdaderos traficantes, como van a acusar a una familia que se esfuerza, él trabaja, para poder pagar arriendo y pensiones, yo estudio para poder ver si puedo trabajar y ser alguien en la vida, entonces es súper injusto».
Este medio de comunicación se contactó con la Fiscalía Local de Calama, quienes respondieron no tener conocimiento sobre este caso.