Un lapidario informe de la Contraloría Regional de Antofagasta reveló una serie de graves irregularidades financieras y administrativas al interior del Hospital Doctor Carlos Cisternas de Calama (HCC) durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2025. La auditoría se enfocó en los contratos de servicios de vigilancia, seguridad y aseo prestados por la firma Constructora Guerra Letelier SpA, además de la adquisición de repuestos y accesorios médicos a la empresa Four Service SpA. Debido a la gravedad de los hallazgos, el organismo fiscalizador anunció la formulación de un reparo definitivo por la multimillonaria suma de $2.353.540.670, con el fin de buscar la restitución de los fondos públicos cuestionados.
Entre los desgloses más alarmantes del informe se encuentra el desembolso de $783.330.661 destinados al ítem de “Mano de obra” en los servicios de seguridad, y otros $684.523.100 en el área de aseo, ambos pagados a Constructora Guerra Letelier SpA sin contar con documentación esencial que acreditara la prestación efectiva de las labores. Contraloría detectó que el hospital pagó estas sumas careciendo de contratos de trabajo, registros de asistencia u otros antecedentes idóneos del personal, limitándose en varios casos a revisar liquidaciones de sueldo o certificados previsionales que hacían imposible asociar formalmente a los trabajadores con las dependencias del recinto asistencial loíno.
A esto se suman desembolsos catalogados como improcedentes y no acreditados que escalan a los $393.919.521 por conceptos de «Otros» y «Gastos Generales» en los contratos de vigilancia, ítems que ni siquiera figuraban definidos en las bases administrativas o técnicas de las licitaciones. Asimismo, se determinó que entre julio de 2024 y marzo de 2025, el hospital pagó en exceso $116.158.756 a la misma constructora por errores matemáticos burdos en los estados de pago, específicamente una duplicación del ítem «Gastos Generales», los cuales no fueron advertidos por ninguna de las unidades técnicas ni financieras del establecimiento. Una situación idéntica ocurrió en junio de 2023 con una factura de seguridad que presentó un error de sumatoria neto más IVA, generando otro pago en exceso por $27.062.588.
La falta de fiscalización interna también golpeó los insumos del hospital. El órgano de control constató egresos no acreditados por $114.602.942 en «Materiales y útiles de aseo», $85.895.131 en conceptos ajenos a las bases como «Costos de Oficina» o «Servicios Administrativos», $64.140.120 destinados a «Uniformes» de guardias supervisados solo de forma visual, $39.373.493 en Elementos de Protección Personal (EPP) y $27.388.858 en «Equipamiento Mínimo para el Aseo». Ninguno de estos millonarios pagos contó con facturas, guías de despacho o comprobantes que respaldaran la adquisición, recepción y utilización real de los elementos en el edificio de salud. Completando el reparo general, se sumaron $17.145.500 no acreditados en el ítem de equipamiento técnico de seguridad.
Más allá del perjuicio económico directo, la Contraloría destapó fallas críticas en los filtros de contratación del hospital. Se verificó que Constructora Guerra Letelier SpA presentó cartas de recomendación con timbres y firmas falsas en tres licitaciones de vigilancia para inflar su experiencia técnica. Además, el establecimiento contrató a dicha firma por trato directo en mayo de 2023 sin que esta tuviera vigente el giro de seguridad privada ante el Servicio de Impuestos Internos, operando y percibiendo más de $449 millones durante cuatro meses sin la autorización OS-10 de Carabineros obligatoria por ley. Adicionalmente, el centro médico saltó de forma ilegal el trámite constitucional de Toma de Razón ante la Contraloría en dos licitaciones de aseo y contratos de vigilancia que superaban los umbrales económicos permitidos.
En cuanto a la proveedora de insumos médicos Four Service SpA, la fiscalización descubrió que adulteró documentación para simular experiencia con Codelco y la firma Linkes Chile S.A. en una licitación privada, y que en otro proceso presentó cartas de recomendación emitidas por empresas de los propios hermanos de uno de los socios, sin registrar transacciones comerciales reales ante el SII. Peor aún, el hospital contrató a esta firma reiteradamente entre 2022 y 2024 por un monto de $558.158.273 para mantenimientos especializados, a pesar de que el proveedor carecía de giros comerciales vigentes relacionados con dichos servicios y de que se apeló a falsos contratos de «exclusividad técnica» para saltarse las licitaciones públicas.
Dentro de los hallazgos con impacto directo en la comunidad, se expuso que una negligencia de Four Service SpA dañó el equipo médico dental Ortopantomógrafo el 5 de septiembre de 2024. El hospital tardó más de 8 meses en reponer y conseguir la autorización sanitaria de este aparato de imagenología oral —lograda recién el 25 de abril de 2025— lo que obligó a suspender atenciones de pacientes y externalizar costosamente el servicio. Contraloría detectó además que las bases de licitación del hospital estaban tan deficientemente redactadas que no contemplaban multas, garantías ni seguros por daños materiales a equipos clínicos, impidiendo perseguir las responsabilidades correspondientes por el menoscabo al patrimonio institucional.
Finalmente, el documento confirmó un grave conflicto de interés que involucra a Diego Bruna Aracena, jefe de control centralizado del hospital, quien intervino directamente como unidad técnica emitiendo certificados de conformidad y validando los pagos de la empresa Four Service SpA, cuya representante legal es la madre de su propia hija. Ante la gravedad de este hecho y una severa dilación de más de 300 días hábiles en los sumarios internos del hospital, la Contraloría General de la República anunció que le quitará la potestad al recinto de salud y asumirá directamente el procedimiento disciplinario para sancionar a los funcionarios involucrados, ordenando al establecimiento remitir todos los antecedentes en un plazo máximo de 15 días hábiles.