El diputado por la región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), solicitó información -mediante oficio- a diversas autoridades del ámbito educativo y gubernamental, tras recibir denuncias ciudadanas sobre la suspensión de clases en varios establecimientos educacionales de Calama, producto de cortes en el suministro eléctrico.
Inicialmente, se identificaron como afectados la Escuela D-37 “República de Bolivia” y el Liceo Eleuterio Ramírez. Sin embargo, el número de establecimientos comprometidos ha ido en aumento. “Ya van ocho establecimientos, consecuentemente, se han producido cortes de luz en dichos recintos, lo que obligó -obviamente- a suspender las clases, esto es inaceptable, los estudiantes no pueden seguir siendo perjudicados por problemas de tipo administrativo”, denunció el parlamentario.
Según padres y apoderados, los cortes habrían sido ocasionados por el no pago del servicio eléctrico por parte del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur. Ante ello, el diputado Castro ofició directamente al SLEP y al Ministerio de Educación, y comentó: “Tenemos la sospecha de que estos problemas administrativos incluso pueden ser una especie de bicicleta de dinero, que hacen que estén en todo momento con el perjuicio de poder cortárseles la luz, no queremos que esto siga pasando y, obviamente, vamos a estar defendiendo siempre, lo primero, que es la educación de nuestros estudiantes”, añadió.
A esta crisis por el suministro eléctrico se suma ahora una preocupante situación con el agua potable. Según boletas emitidas en mayo por Aguas Antofagasta, siete establecimientos educacionales de Calama presentarían deudas que superan los $33 millones, algunas de ellas heredadas de la administración anterior (COMDES), pero mantenidas e incluso incrementadas bajo el mandato actual del SLEP Licancabur. Entre los casos más graves están el Liceo Francisco de Aguirre ($9.513.560) y la Escuela Pedro Vergara Keller ($7.371.740), ambos con altos intereses por mora. En el caso de la Escuela Presidente Balmaceda, la boleta incluso advierte de un “corte en trámite”, lo que podría dejar sin acceso a agua potable a toda la comunidad escolar.
“La educación pública no puede ser rehén de errores administrativos. Esta situación no solo compromete el derecho a la educación, sino que también pone en entredicho principios básicos como la probidad, la continuidad del servicio público y el uso responsable de recursos fiscales”, afirmó el diputado Castro.
Ante esta grave situación, el parlamentario ofició formalmente al Director Ejecutivo del SLEP Licancabur, al Superintendente de Educación, al Ministerio de Educación, a la Seremi de Educación de Antofagasta y al Delegado Presidencial Provincial de El Loa, solicitando:
Iniciar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades administrativas.
Restablecer a la brevedad el suministro eléctrico y de agua potable en los establecimientos afectados.
Implementar medidas de urgencia para garantizar la continuidad del proceso educativo.
Transparentar la situación financiera del SLEP y establecer mecanismos de control que eviten la repetición de estos hechos.
“El compromiso con nuestros niños, niñas y jóvenes debe ser una prioridad constante. Las comunidades escolares merecen dignidad, estabilidad y respeto. No podemos seguir tolerando este nivel de precariedad”, concluyó el diputado.