Por Esteban Velásquez, senador de la región de Antofagasta
La seguridad es probablemente una de las mayores preocupaciones de los chilenos y, precisamente por eso, debemos tomarnos muy en serio cualquier propuesta destinada a enfrentar el crimen organizado. Pero tomársela en serio significa también preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a entregar facultades extraordinarias al Estado, cuáles serán sus límites y, sobre todo, contra quiénes terminarán utilizándose.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha propuesto, dentro de su denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. Es decir, no estamos hablando únicamente de aumentar penas o entregar mayores herramientas investigativas a las policías. Estamos hablando de incorporar a nuestra institucionalidad mecanismos extraordinarios capaces de restringir derechos fundamentales en determinados territorios. (Ministerio del Interior)
Frente a una herramienta de esa magnitud, la pregunta resulta inevitable: ¿se aplicará con el mismo criterio en todos los territorios, barrios y comunas de Chile?
Porque cuando hablamos de crimen organizado solemos imaginar inmediatamente determinados sectores de nuestras ciudades, poblaciones estigmatizadas, narcotráfico, armas y delincuencia callejera. Y, sin duda, el Estado debe actuar con toda su fuerza contra esas organizaciones.
Pero el crimen organizado, la corrupción y las redes destinadas a obtener beneficios ilícitos no necesariamente funcionan desde una población vulnerable. También pueden operar desde oficinas elegantes, estudios jurídicos, empresas o espacios privilegiados de nuestra sociedad.
El denominado caso Hermosilla debiera obligarnos precisamente a ampliar esa mirada.
Durante estos años el país ha conocido antecedentes acerca de una extensa red de relaciones en torno al abogado Luis Hermosilla, con vínculos y contactos que han alcanzado a empresarios, autoridades, integrantes del Poder Judicial y otros actores relevantes de nuestra institucionalidad. Incluso durante 2026 han continuado conociéndose antecedentes relativos a sus relaciones con integrantes del sistema judicial. (BioBioChile)
Entonces hagamos el ejercicio.
Cuando existen personas con poder económico, político o institucional que coordinadamente buscan influir sobre decisiones públicas, obtener beneficios indebidos o utilizar sus conexiones para alterar el funcionamiento normal de las instituciones, ¿cómo debemos denominar ese fenómeno?
¿Es menos grave porque ocurre lejos de las poblaciones?
¿Deja de amenazar la seguridad del país porque quienes participan usan traje y corbata?
¿Una organización deja de ser peligrosa simplemente porque sus integrantes viven en comunas acomodadas?
Estas preguntas no buscan anticipar responsabilidades penales que corresponde exclusivamente a los tribunales determinar. Buscan algo mucho más importante para la discusión democrática: poner a prueba el principio con que el Gobierno pretende justificar la creación de nuevas facultades excepcionales.
Supongamos que mañana el Estado determina que determinada organización criminal opera principalmente desde un sector acomodado de Santiago. ¿Se declarará también allí un Estado de Excepción de Seguridad Pública? ¿Veremos controles, restricciones y despliegues extraordinarios con la misma intensidad con que probablemente se aplicarían en una población popular?
¿O terminaremos creando una legislación excepcional que, aunque escrita aparentemente para todos, en la práctica tendrá barrios predeterminados donde aplicarse?
Esa es mi preocupación.
Chile conoce demasiado bien los riesgos que supone entregar facultades excepcionales sin controles suficientemente robustos. Y esa preocupación aumenta cuando observamos que importantes sectores que hoy integran o respaldan al actual Gobierno han mantenido históricamente una visión complaciente respecto de la dictadura cívico-militar.
Por eso, cuando se propone restringir derechos fundamentales en nombre de la seguridad, la desconfianza democrática no constituye una exageración. Constituye un deber.
Combatir el crimen organizado es indispensable. Pero debemos combatir todo el crimen organizado.
El del narcotraficante que controla una esquina y el de quienes utilizan redes de influencia para capturar instituciones.
El que amenaza a un comerciante y el que corrompe a un funcionario.
El que opera desde una población y el que se mueve cómodamente entre oficinas, tribunales, directorios o espacios de poder.
Una democracia no puede construir categorías de delincuentes según el código postal donde viven.
Y si el Gobierno pretende convencernos de que necesita facultades constitucionales extraordinarias para enfrentar organizaciones criminales, entonces debe responder previamente una pregunta elemental:
¿está dispuesto a utilizar esas mismas herramientas cuando las organizaciones, redes o estructuras investigadas estén integradas por personas poderosas y funcionen desde los barrios más acomodados del país?
Porque si el Estado de Excepción está pensado únicamente para determinados territorios y determinados ciudadanos, entonces no estaremos construyendo una política de seguridad.
Estaremos institucionalizando una peligrosa forma de discriminación.
La seguridad que Chile necesita debe ser firme, pero también democrática; eficaz, pero sometida a controles; capaz de perseguir al delincuente común, pero también de enfrentar las redes que corrompen nuestras instituciones.
La ley debe llegar a todos los barrios. También a los barrios del poder.