Tras una investigación realizada en conjunto con personal de la SIP de Carabineros, la Fiscalía Local de Calama informa que logró formalizar ante el Juzgado de Garantía de la ciudad al imputado, menor de edad, por el delito de homicidio frustrado en contra de una víctima, el sargento 2do de Carabineros L.C.A. quien realizaba un control vehicular. Hecho sucedido el 16 de septiembre del 2020.
El Fiscal Adjunto de Calama que estuvo en la audiencia de formalización, Raúl Marabolí Salas, explicó que “tras solicitud ante el Tribunal de Garantía de la ciudad, el Ministerio Público consiguió que al imputado, menor de edad, se le aplicara la máxima medida cautelar de internación provisoria por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Dicha medida cautelar es la equivalente a la prisión preventiva, en caso de los adultos”.
Asimismo, el Fiscal Marabolí añadió que el imputado “contaba con antecedentes penales anteriores. De hecho, fue formalizado por su participación en una banda delictiva junto a tres de sus medios hermanos, por el delito conocido como portonazos”.
La causa es investigada por el Fiscal Eduardo Peña y si se comprueban los hechos, el imputado arriesga una pena de 5 y 1 día de internación provisoria.
Según los antecedentes presentados durante la audiencia, el hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre, alrededor de las 18:40 hrs., cuando personal de la SIP de Carabineros, por instrucción del Fiscal de Turno, Víctor Ravello, acudió la Ruta B-24 altura KM 81.520, con la finalidad de efectuar un trabajo policial investigativo por un accidente de tránsito con resultado de lesiones graves en un atropello a un carabinero, quien realizaba controles vehiculares.
Cabe indicar, que un funcionario de carabineros, logró filmar a la víctima-carabinero en ejercicio, luego de haber sido atropellado por un vehículo marca Honda, quien se dio a la fuga.
La víctima sufrió múltiples fracturas en ambas piernas y fue trasladada al Hospital Local Carlos Cisternas de Calama para su atención.
En tanto, el Tribunal de Garantía fijó un plazo de investigación de 100 días.
