Un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas a nivel nacional al revelar que 322 municipios del país, equivalentes al 93% del total, otorgaron de manera irregular 146.923 permisos de circulación a vehículos que registraban multas de tránsito impagas. La fiscalización, plasmada en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) número 23, analizó detalladamente los procesos de emisión documental realizados entre los años 2022 y 2025. La normativa vigente establece con claridad que aquellas unidades con deudas viales registradas al 30 de noviembre no pueden concretar la renovación en marzo del año siguiente, una exigencia legal que fue masivamente vulnerada.
En la Región de Antofagasta se detectaron un total de 1.321 permisos de circulación emitidos bajo estas condiciones de ilegalidad. En el desglose de las cifras locales, Calama sumó 324 casos cuestionados por el organismo fiscalizador. Frente a este escenario, el alcalde de la comuna, Eliecer Chamorro, tras ser consultado por El Mercurio, salió al paso para poner paños fríos a la estadística y contextualizar la magnitud del problema en la zona de El Loa, precisando que dicha cifra «no alcanza a ser ni el 1%» debido a que en la comuna se tramitan anualmente cerca de 45.000 permisos de circulación. No obstante, la máxima autoridad calameña enfatizó con firmeza que «se van a disponer todos los sumarios respectivos para corregir rápidamente dicha situación».
A nivel regional, la comuna que concentró la mayor cantidad de irregularidades fue Antofagasta, alcanzando los 884 permisos objetados por la Contraloría. Bastante más atrás de la capital regional y de Calama se ubicaron las localidades de María Elena, con 29 casos, y Sierra Gorda, que registró 24 infracciones administrativas. Ante este adverso panorama, la alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera, confirmó de inmediato medidas disciplinarias, señalando que instruyó una investigación sumaria para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso, advirtiendo además que recurrirán a acciones legales y pondrán los antecedentes ante la justicia si se detectan caracteres de delito. Por el contrario, desde el municipio de Antofagasta descartaron emitir comentarios institucionales al respecto, argumentando que aún no han sido notificados formalmente por el ente de control.
El dossier de la Contraloría no solo apuntó a vehículos particulares, sino que destapó graves conflictos de interés internos en los aparatos municipales, identificando 1.172 casos en que los propios funcionarios renovaron sus permisos teniendo multas vigentes, junto a otros 7.378 trámites autorizados a familiares directos de los trabajadores en la misma condición. En el ámbito de la Región de Antofagasta, las alertas se encendieron al comprobarse 49 permisos renovados de manera anómala a parientes de personal municipal, una práctica irregular cuya inmensa mayoría se focalizó en la capital regional con 42 de los casos reportados.