Las comunidades indígenas atacameñas de Peine y Toconao presentaron acciones judiciales ante el Primer Tribunal Ambiental para impugnar la resolución del Comité de Ministros que revirtió el rechazo ambiental del proyecto «Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine».
Ambas acciones judiciales solicitan dejar sin efecto la resolución que acogió el recurso presentado por la Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine y, además, mantener el rechazo ambiental del proyecto. De forma subsidiaria, las comunidades pidieron que se adopten las medidas que correspondan conforme a la Ley N.º 20.600.
La Comunidad Indígena de Peine sostiene que el Comité de Ministros habría excedido sus competencias al pronunciarse sobre materias hidrogeológicas que correspondían al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), organismo que había advertido que los antecedentes presentados eran insuficientes para descartar impactos sobre las aguas subterráneas.
Asimismo, cuestiona que la resolución se base en una línea de base elaborada en 2009, la que, a su juicio, no refleja la situación hídrica actual del Salar de Atacama. También plantea que el proyecto presenta una descripción incompleta al omitir su componente vinculado al litio, lo que podría configurar un fraccionamiento de la iniciativa y una eventual elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Por su parte, la Comunidad Indígena de Toconao argumenta que la resolución incumple lo ordenado previamente por el Primer Tribunal Ambiental, ya que el titular no habría incorporado nuevos antecedentes técnicos suficientes para evaluar los impactos del proyecto sobre el sistema hidrogeológico del Salar.
Además, cuestiona la falta de una modelación específica para el sistema lagunar Soncor, la eficacia del Plan de Alerta Temprana, los riesgos asociados a la extracción de salmuera y la caracterización de las canchas de acopio contempladas en la iniciativa.
Como parte de las reclamaciones, ambas comunidades solicitaron al tribunal decretar medidas cautelares para suspender los efectos de la resolución del Comité de Ministros e impedir el inicio de obras, especialmente aquellas vinculadas al Permiso Ambiental Sectorial N.º 88, mientras se resuelve el fondo del proceso. El Primer Tribunal Ambiental resolvió solicitar antecedentes a las demás partes antes de pronunciarse sobre dicha petición.
El proyecto, ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 2009, considera una inversión de US$43 millones para producir 200 mil toneladas anuales de cloruro de potasio mediante la recuperación de sales presentes en salmueras del Salar de Atacama. La iniciativa contempla una vida útil de 20 años y se emplazaría en la comuna de San Pedro de Atacama.