A un mes del violento ataque registrado al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, la ciudad de Calama continúa enfrentando las consecuencias de un hecho que marcó profundamente a su comunidad educativa.
El reloj marcaba cerca de las 10:30 de la mañana del 27 de marzo cuando la rutina escolar se quebró abruptamente al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta. Lo que hasta ese momento era una jornada normal de clases se transformó en uno de los hechos más impactantes registrados en la comuna en los últimos años.
Un estudiante de cuarto medio ingresó al establecimiento portando un arma blanca. Minutos más tarde, en medio de la jornada escolar, atacó a funcionarios y alumnos del recinto, generando una situación de pánico generalizado entre quienes se encontraban en el lugar.
El ataque dejó a cinco personas lesionadas, entre ellas dos funcionarias, una de ellas, una inspectora de 59 años, quien falleció producto de la gravedad de sus heridas, convirtiéndose en la principal víctima de este hecho que conmocionó a toda un país.
Testigos relataron escenas de desesperación: estudiantes que se refugiaban en salas de clases, profesores intentando resguardar a los alumnos y apoderados que comenzaron a llegar rápidamente al establecimiento tras recibir mensajes alarmantes de sus hijos.
Tras lo ocurrido, el autor fue detenido en el lugar, mientras equipos de emergencia acudían para asistir a los heridos.
El recinto educacional suspendió de inmediato sus actividades, iniciándose además las primeras diligencias investigativas por parte de las autoridades.
Según lo expuesto por el Ministerio Público, existiría evidencia de una planificación previa, incluyendo registros escritos donde se detallaban acciones, objetivos y tiempos del hecho.
La investigación ha sido catalogado como el primer caso de violencia escolar dirigida (TSV) en Chile, fenómeno caracterizado por la premeditación del agresor y el conocimiento del entorno donde actúa.
Durante las semanas posteriores, la comunidad educativa ha debido enfrentar un complejo proceso de retorno a clases con estudiantes con ansiedad, insomnio y temor a volver.
“Los niños pueden decir que están bien o que quieren volver, pero en realidad tienen miedo. El psicólogo fue claro en que no están preparados hay ansiedad, inseguridad y todavía están procesando lo que vivieron”, señaló la apoderada del Instituto Obispo Silva Lezaeta.
Una de las medidas adoptada por el colegio fue cerrar el espacio del establecimiento donde ocurrió el hecho.
“Lo que hicieron fue cerrar el sector donde ocurrió todo con tablas y mover algunos cursos, pero eso no soluciona el problema. Los niños igual saben lo que pasó y volver a ese lugar es muy fuerte para ellos”, declaró la apoderada.
A la fecha autoridades han impulsado propuestas orientadas a reforzar la seguridad en colegios, incluyendo medidas como revisión de mochilas, mayores atribuciones para docentes y sanciones más severas ante hechos de violencia en contextos escolares.
A nivel judicial, el imputado de 18 años fue formalizado por delitos graves, incluyendo homicidio consumado y otros en carácter de frustrados, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 180 días por el tribunal.
A 30 días, el caso sigue en investigación, pero sus efectos ya son evidentes. En Calama, la comunidad intenta avanzar, aunque con una certeza compartida, la sensación de seguridad en las aulas cambió, y el desafío ahora no solo es sanar, sino también prevenir.
“Estamos recién a un mes de lo que pasó y ya se quiere volver a la normalidad, pero esto no fue algo menor: fue una tragedia, y no se puede actuar como si nada”. manifestó la apoderada.