La protección patrimonial del Campamento Urbano de Chuquicamata ha desatado una batalla legal entre la Municipalidad de Calama y Codelco. Tras la promulgación del Decreto Alcaldicio N° 923, que busca declarar el casco histórico como una «Zona de Conservación Histórica» e incluirlo en el nuevo Plan Regulador Comunal, la empresa estatal respondió con un «reclamo de ilegalidad». La minera busca dejar sin efecto la protección, argumentando que el municipio ha incurrido en graves vicios administrativos y una demora injustificada en la resolución del conflicto.
El decreto original, firmado por el alcalde Eliecer Chamorro, establecía un blindaje legal para el campamento inaugurado en 1915, garantizando su resguardo a perpetuidad y el acceso universal para las futuras generaciones. Esta medida permitía al municipio tener voz y voto sobre cualquier intervención física en el área, obligando a Codelco a respetar los lineamientos de conservación arquitectónica y cultural. Sin embargo, lo que parecía un hito para las agrupaciones patrimoniales, hoy se encuentra en la cuerda floja debido a la arremetida de los abogados de la División Chuquicamata.
La defensa de Codelco, encabezada por la abogada Josefina Court Spikin, fundamenta su reclamo en la negligencia administrativa del municipio. Según los documentos, la estatal interpuso su impugnación el 27 de junio de 2024, y a casi dos años de ese trámite, la alcaldía no habría emitido un pronunciamiento. La Corporación denuncia que se han traspasado con creces los plazos legales de 15 días para responder y el límite máximo de seis meses para cualquier procedimiento administrativo, acusando una infracción directa a los principios de eficiencia, celeridad y eficacia.
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Sin embargo, la mañana de este martes, Eliecer Chamorro, emplazó a Codelco, diciendo que «el 2023 el municipio realizó un decreto, con el único objetivo de poder resguardar y conservar el patrimonio con respecto a Chuquicamata. Ahora, desde la estatal están buscando dejarlo sin efecto. Nosotros creemos que no es la mejor opción porque si se pregona la idea de mantener el campamento, lo mejor era no haberlo cuestionado».
Este «silencio administrativo» de 21 meses es el flanco que Codelco utiliza para exigir que el decreto de protección sea declarado nulo. Para la minera, la falta de respuesta del municipio contraviene la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. De acogerse este reclamo, la protección que buscaba el Plan Regulador sobre el campamento desaparecería por secretaría, dejando a Chuquicamata nuevamente sin una capa de protección legal municipal frente a las necesidades operacionales de la mina.
Ahora, según explicó Chamorro, los pasos a seguir serán: «reunirse con el ministro de minería, estoy citado por la Cámara Alta, y desde ahí es probable que pasemos a la mesa de patrimonio y cultura del Senado. Nosotros lo escalaremos hasta el más alto nivel, y esto no se trata de paralizar la minería, sino que es importante entender que sacar el decreto es sacar una herramienta que ayuda a que no intervengan y llenen de tortas de tierra Chuquicamata».