El Ministerio Público de Antofagasta y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur manifestaron su preocupación y coordinaron acciones ante la reciente seguidilla de amenazas que ha afectado a diversos establecimientos educativos. Solo en Calama, los liceos Francisco de Aguirre y América, así como los colegios Adventista y Montessori debieron suspender sus clases para este martes, subiendo los casos de forma exponencial en la última semana. En Antofagasta, las denuncias superan las 20 desde la última semana de marzo.
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, advirtió que la institución está obligada a iniciar investigaciones de oficio ante cada hecho de este tipo para determinar su veracidad. El persecutor recordó que las amenazas son un delito tipificado en el Código Penal que puede conllevar penas desde los 541 días de presidio, mencionando que ya existen personas formalizadas por estos actos, incluyendo a dos estudiantes de la Universidad de Antofagasta.
Por su parte, desde la gestión educativa, el director ejecutivo (s) del SLEP Licancabur, Danilo Huilcarema, señaló que esta violencia no es un hecho aislado, sino una «señal de alerta de una problemática que atraviesa a toda la sociedad». Huilcarema explicó que el servicio ha impulsado jornadas de reflexión y el fortalecimiento de los equipos de convivencia escolar en sus planteles. Asimismo, destacó que existe una coordinación permanente con la Seremi de Educación y los Departamentos Provinciales (DEPROV) de El Loa y Antofagasta-Tocopilla para enfrentar este fenómeno que ya se ha extendido incluso al ámbito universitario.
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El Fiscal Castro Bekios hizo un llamado enfático a la comunidad a ser «extraordinariamente cautelosos y responsables» con el tratamiento de la información para evitar que estas amenazas se amplifiquen o se reproduzcan en otros ambientes educativos. El jefe regional del Ministerio Público subrayó que el trabajo junto a las unidades especializadas de Carabineros y la PDI es constante, buscando no solo sancionar a los responsables, sino también frenar la sensación de inseguridad que altera el normal desarrollo de las actividades académicas en la zona.
Finalmente, Danilo Huilcarema insistió en que la solución no depende únicamente del sistema educativo, apelando a una articulación activa con municipios, instituciones públicas y el mundo privado. «Lo que la ciudadanía espera es que estemos a la altura, actuando de manera coordinada, con seriedad y compromiso, para recuperar espacios seguros», afirmó el directivo. Con esto, ambas autoridades coinciden en que la violencia no debe ser utilizada como plataforma de exposición, sino que debe enfrentarse con un propósito compartido que ponga el bienestar de los estudiantes en el centro de la estrategia regional.