El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, resolvió de manera unánime absolver a un profesor de matemáticas acusado de abuso sexual por sorpresa, tras determinar que la prueba presentada por la acusación no fue suficiente contra el docente.
La investigación se originó a partir de denuncias presentadas por estudiantes de un establecimiento educacional técnico profesional (Liceo B-10 América), quienes situaban los hechos durante el horario de clases. En la etapa inicial del proceso, y a raíz de estas imputaciones, el docente llegó a permanecer cinco días privado de libertad, como parte de las medidas adoptadas durante la investigación.
No obstante, tras el juicio oral, el tribunal estableció que los testimonios contenían contradicciones relevantes y que no existía corroboración suficiente que permitiera acreditar los hechos más allá de toda duda razonable. En su análisis, los jueces consideraron poco probable que los episodios descritos ocurrieran en salas con alta concurrencia de alumnos, puertas abiertas y bajo estrictos protocolos sanitarios, sin que otros estudiantes o funcionarios advirtieran irregularidades.
Asimismo, una pericia criminalística presentada por la defensa, concluyó que los tiempos de traslado y la organización de la jornada escolar hacían físicamente imposible la dinámica descrita en uno de los relatos. Estos antecedentes fueron determinantes para la absolución.
El Defensor Jefe de Calama (s) y abogado a cargo de la causa, Álvaro Gazón Gajardo, valoró el fallo y recalcó la convicción que sostuvo la defensa desde el inicio. “Siempre tuvimos la certeza de que nuestro representado era inocente, y eso lo sostuvimos desde el primer minuto. Nuestro trabajo fue demostrarlo con antecedentes objetivos y con un análisis riguroso de la prueba”, indicó.
El abogado añadió que el resultado refleja el rol institucional de la Defensoría Penal Pública, cuyo mandato constitucional es garantizar el derecho a defensa y el debido proceso de todas las personas sometidas a investigación penal. “Defender no es justificar hechos, es asegurar que el proceso sea justo y que nadie sea condenado sin pruebas suficientes. Eso es lo que la Defensoría hace todos los días”, sostuvo Gazón.
Finalmente, el tribunal resolvió no condenar en costas al Ministerio Público ni a las querellantes, al estimar que existieron motivos plausibles para llevar la causa a juicio. Con esta decisión se reafirmó la inocencia del docente, quien además había sido previamente sobreseído en el ámbito administrativo.