En un trabajo conjunto entre la Fiscalía de Calama y la Brigada Investigadora de Trata de Personas (BRIANT) de la Policía de Investigaciones (PDI), se logró desarticular una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en distintos inmuebles de la ciudad.
Seis ciudadanos peruanos fueron formalizados por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación criminal y lavado de activos. Por disposición del tribunal, cinco de los imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que una sexta involucrada quedó sujeta a otras medidas cautelares.
La investigación permitió establecer que la organización operaba, al menos, desde 2021, captando principalmente a mujeres extranjeras en condición de vulnerabilidad mediante falsas ofertas laborales. Una vez en Chile, las víctimas eran trasladadas a distintos inmuebles administrados por la organización, donde permanecían bajo el control de los imputados y eran explotadas sexualmente.
Durante los allanamientos realizados en diversos domicilios de Calama fueron rescatadas diez mujeres extranjeras, además de incautarse dinero en efectivo, registros contables y dispositivos utilizados para procesar pagos electrónicos vinculados a la actividad ilícita.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, calificó el caso como de «la mayor gravedad», señalando que se trata de un delito que vulnera la dignidad de personas en situación de vulnerabilidad.
“Estamos en presencia de un delito que nos parece de la mayor gravedad, porque afecta la dignidad misma de las personas, en este caso de mujeres en situación de vulnerabilidad, que eran captadas mediante ofertas laborales y sometidas a todo tipo de apremios por los integrantes de esta organización”, afirmó.
Por su parte, el jefe de la Región Policial de Antofagasta, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, destacó que “este procedimiento evidencia las capacidades investigativas de la Policía de Investigaciones de Chile para enfrentar organizaciones criminales dedicadas a delitos de alta complejidad, donde el análisis criminal, la inteligencia policial y la aplicación de técnicas especializadas permiten afectar sus estructuras y proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. La trata de personas es un delito que vulnera gravemente la dignidad humana, por ello continuaremos fortaleciendo nuestro trabajo para identificar, investigar y desarticular estas redes criminales que operan en la región”.
El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación, período en el que la Fiscalía y la PDI continuarán desarrollando diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar todas las responsabilidades penales.