Una profunda controversia diplomática y de seguridad se ha desatado entre Chile y Bolivia tras la presentación de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional boliviana que propone la regularización extraordinaria de vehículos indocumentados. El impulsor de la medida, el diputado boliviano Reinaldo Seas, defendió enérgicamente la propuesta argumentando que posee una fuerte justificación de equidad impositiva y de reactivación para su país.
Según detalló, se estima una recaudación cercana a los 6.000 millones de dólares mediante el cobro de aranceles de entre 6.000 y 10.000 dólares por automóvil, fondos que serían destinados en partes iguales a la red vial fundamental gestionada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y a proyectos de educación y salud en las alcaldías municipales a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
Al respecto, Seas enfatizó que «hemos presentado un proyecto de ley de regularización y legalización extraordinaria para vehículos indocumentados, y para la seguridad vial y la equidad eh impositiva. Tiene una motivación económica muy importante porque los fondos recaudados con la nacionalización se van a destinar exclusivamente a dos sectores que están sufriendo el tema económico».
La respuesta desde el territorio chileno no se hizo esperar, manifestando un rechazo absoluto ante las implicancias de esta iniciativa legal. El diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, denunció de forma categórica que esta amnistía representa un incentivo directo para las mafias transnacionales dedicadas a la sustracción de automóviles en el norte de Chile.
«Conocemos lo que pasa con el robo de vehículos en Chile y que terminan en Bolivia, pero hoy día se da a conocer una situación inaceptable en Bolivia. Se presenta un proyecto de ley que busca regularizar los autos denominados chutos. Obviamente esto fomenta el robo de vehículos acá, algo que sigue en descontrol en algunas regiones de nuestro país», criticó,
El debate adquiere proporciones alarmantes debido a la enorme cantidad de automóviles involucrados en el contrabando hacia el país altiplánico. Según el diputado Reinaldo Seas, reportes de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) estiman que el universo de unidades indocumentadas en circulación se encuentra en un rango masivo que desafía los controles estatales. «Diprove nos ha enviado una comunicación que dice que hay entre 800.000 vehículos hasta inclusive hay datos que eh sobrepasan el millón doscientos mil», explicó el legislador boliviano.
«Hemos enviado el día de hoy un oficio a la Cancillería chilena para que envíe el descontento al vecino país de Bolivia, y que entregue detalles del alcance de este proyecto y que podría afectar en la situación de estas bandas organizadas que se dedican a robar vehículos», detalló Sebastián Videla, manifestando la urgencia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome un rol activo.
Por último, el diputado confirmó la admisibilidad en el Congreso chileno de la denominada «Ley Antichutero», la cual busca agravar sustancialmente las penas a quienes cometan hurtos de automóviles en zonas limítrofes para su posterior exportación ilícita, afectando principalmente a las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota. Ambas posturas evidencian un complejo choque de intereses, donde Bolivia prioriza la recaudación de emergencia fiscal frente a un Chile que exige frenar la impunidad de los delitos transfronterizos.