Endurecer las sanciones contra las empresas e instituciones que, por incumplimientos graves de sus deberes de prevención y fiscalización, faciliten operaciones de lavado de activos es el objetivo del proyecto de ley presentado por el senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, junto a la senadora Alejandra Sepúlveda.
La iniciativa, remitida para su estudio a la Comisión de Seguridad Pública, modifica distintos cuerpos legales con el propósito de fortalecer la responsabilidad de las personas naturales y jurídicas obligadas a informar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, UAF.
El senador Velásquez sostuvo que la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a detener a quienes venden drogas o ejecutan materialmente los delitos, sino que debe alcanzar también a quienes permiten que sus ganancias ingresen al sistema financiero y adquieran una apariencia de legalidad.
“Las organizaciones criminales necesitan lavar el dinero obtenido mediante el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y otros delitos. Sin esa posibilidad, su actividad deja de ser rentable. Por eso debemos perseguir la ruta del dinero y sancionar con verdadera severidad a quienes, desde una empresa o una institución financiera, permiten que esos recursos ingresen al mercado formal”, afirmó el parlamentario.
El proyecto crea una sanción agravada para aquellos incumplimientos que no constituyan una simple irregularidad administrativa, sino que hayan contribuido a facilitar una operación de lavado de activos. En estos casos, la iniciativa propone multas a beneficio fiscal que van desde las 15.000 hasta las 30.000 unidades de fomento, sin perjuicio de que su monto pueda incrementarse en casos de reiteración. Actualmente, las infracciones graves por incumplimientos relacionados con la entrega de información o el reporte de operaciones sospechosas contemplan multas considerablemente inferiores.
“Una multa reducida puede terminar convirtiéndose en un costo más dentro de la operación de una gran empresa. Cuando una institución, por negligencia grave o por la debilidad de sus controles, facilita el blanqueo de recursos del crimen organizado, la sanción debe ser proporcional al daño provocado y a la capacidad económica del infractor”, explicó Velásquez.
La propuesta también busca impedir que las empresas eludan su responsabilidad demostrando únicamente que cuentan con manuales, protocolos o modelos de prevención formalmente aprobados. De acuerdo con los fundamentos de la moción, recientemente se han conocido investigaciones relacionadas con ejecutivos bancarios que habrían utilizado su posición para facilitar esquemas de lavado de activos. Frente a estos casos, los autores plantean revisar los incentivos y las obligaciones de las instituciones que deben detectar e informar operaciones sospechosas a la UAF.
La iniciativa permite aplicar las sanciones incluso cuando la institución haya cumplido formalmente determinadas instrucciones, si en la práctica sus mecanismos de control no fueron capaces de detectar que dentro de la organización se estaban desarrollando operaciones destinadas a blanquear capitales.
“Un manual guardado en un escritorio no puede transformarse en una excusa. Los sistemas de prevención deben funcionar en la realidad, detectar movimientos sospechosos, fiscalizar a los ejecutivos y activar oportunamente las alertas. Si durante un tiempo prolongado se lava dinero dentro de una institución sin que nadie lo advierta, existe una falla grave que debe tener consecuencias”, enfatizó el senador.
Velásquez explicó que el lavado de activos permite introducir en la economía formal bienes y recursos provenientes de actividades ilícitas, otorgándoles apariencia de legalidad. Este mecanismo fortalece económicamente a las organizaciones criminales, genera incentivos para la corrupción, perjudica la competencia y debilita la confianza en las instituciones públicas y privadas.
“En las regiones del norte conocemos directamente los efectos del narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado. No basta con aumentar los controles en las calles o en las fronteras si, al mismo tiempo, las ganancias obtenidas ilegalmente pueden circular por el sistema económico sin controles eficaces”, señaló.
Finalmente, el senador por Antofagasta llamó a avanzar con rapidez en la discusión de la iniciativa y a complementar las nuevas herramientas de inteligencia económica con sanciones suficientemente altas para producir un verdadero efecto preventivo. “Seguir la ruta del dinero significa afectar el corazón económico de las organizaciones criminales. Quienes colaboren, faciliten o miren hacia el lado frente al lavado de activos deben saber que se exponen a sanciones severas. La seguridad también se defiende protegiendo la transparencia y la integridad de nuestro sistema financiero”, concluyó Velásquez.