El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una reclamación interpuesta por la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La acción legal busca revertir la decisión de la Dirección Ejecutiva del organismo, que previamente había aprobado el proyecto minero “Exploraciones Aida”, dejando sin efecto una calificación desfavorable emitida inicialmente por la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.
El argumento central de la comunidad se basa en que el proyecto, de la empresa Minera Planta Carina SpA, no consideró adecuadamente las observaciones ciudadanas respecto al impacto en el sistema hídrico del Salar de Tara. Esta zona posee una relevancia ecológica crítica, al estar protegida bajo las figuras de Reserva Nacional y Sitio Ramsar, lo que exige estándares de evaluación mucho más rigurosos debido a su fragilidad.
Los reclamantes acusan serias deficiencias en la caracterización hidrogeológica de la iniciativa, señalando errores metodológicos y falta de información técnica. Sostienen que el modelo utilizado por la minera no logra descartar de manera fehaciente los impactos sobre acuíferos, bofedales y vegas protegidas. Asimismo, denuncian que se omitió el impacto sociocultural y espiritual sobre el territorio, fallando en la caracterización de los sistemas de vida de la comunidad atacameña.
Ante este escenario, la comunidad de Toconao solicita que se mantenga la calificación desfavorable del proyecto, argumentando que una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es insuficiente. Aseguran que, dada la magnitud de los posibles efectos negativos, la empresa debería haber presentado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual exige mayores medidas de mitigación y procesos de participación más profundos.
Finalmente, el tribunal mantiene en evaluación una solicitud para paralizar las obras y suspender los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) mientras se resuelve el fondo del conflicto. El proyecto «Aida», que contempla una inversión de un millón de dólares para realizar ocho sondajes mineros a 120 kilómetros de San Pedro de Atacama, queda así a la espera de una resolución judicial que determine si cumple o no con la normativa vigente.