El Juzgado de Garantía de Calama ordenó a Gendarmería reabrir el Centro de Educación y Trabajo (CET) Ojo de Opache y disponer el retorno de 27 internos que habían sido trasladados al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Calama el pasado 8 de agosto.
La decisión se adoptó luego de que el tribunal acogiera un recurso de amparo presentado en representación de los 27 internos, quienes cumplían sus condenas bajo un régimen semiabierto antes de ser trasladados al recinto penitenciario cerrado.
En su resolución, la magistrada estableció que el traslado significó un endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de las penas, sin que existiera una evaluación individual de la situación de cada interno.
“Una contingencia institucional puede justificar trasladar transitoriamente a una persona para proteger su seguridad, la de terceros o la del establecimiento. Pero cuando el traslado determina que quien cumplía condena en un régimen semiabierto pase a condiciones propias de un régimen cerrado, se interrumpan actividades, se revisen beneficios bajo un estándar distinto y se le exija eventualmente volver a postular desde el inicio al régimen que previamente había alcanzado, la administración no está ejecutando un mero cambio de ubicación. Está modificando sustancialmente las condiciones de ejecución de la pena”, plantea el fallo.
El tribunal sostuvo que una medida de seguridad puede justificar un traslado temporal, pero que pasar desde un régimen semiabierto a uno cerrado implica una modificación sustancial de las condiciones en que se cumple la condena.
Por ello, la resolución dejó sin efecto la Resolución Exenta Regional N.º 1.074 respecto de los 27 amparados y ordenó materializar su regreso al CET Ojo de Opache dentro de un plazo máximo de tres horas desde la notificación del fallo.
Además, Gendarmería deberá mantener el funcionamiento del CET Ojo de Opache como establecimiento destinado a la reinserción y progresión penitenciaria de personas condenadas de Calama. El tribunal también instruyó que se conserven los espacios destinados a talleres, actividades productivas, capacitación e intervención.
La resolución establece también que las evaluaciones técnicas, calificaciones de conducta, planes de intervención, antecedentes laborales y educacionales, permisos y demás avances obtenidos antes del traslado mantendrán su valor y no podrán ser reiniciados por el solo hecho de haber sido trasladados al CDP.
Asimismo, Gendarmería deberá reincorporar al CET al personal y profesionales que se encontraban destinados a la unidad antes del 8 de agosto y garantizar la restitución de especies y herramientas personales que aún permanezcan en el recinto.
Finalmente, el tribunal advirtió que, en caso de incumplimiento de lo ordenado, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público por un eventual delito de desacato.