El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza, condenó al suboficial de Carabineros en retiro, Aquiles Gallegos Fuentes, a la pena de 10 años de presidio efectivo por su responsabilidad en el secuestro calificado de Luis Eduardo Contreras León. El crimen se perpetró en la ciudad de Calama a partir del 22 de octubre de 1973, cuando la víctima, quien se desempeñaba como trabajador en el yacimiento de Chuquicamata, fue detenida por efectivos policiales y trasladada a recintos donde sufrió graves apremios ilegales.
La investigación logró establecer que funcionarios del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) detuvieron primero a los hermanos de la víctima para dar con su paradero. Tras no tener éxito inicial, Luis Contreras León fue finalmente llevado por un funcionario de civil a la Primera Comisaría de Calama, momento en que un oficial exclamó: «encontraron al hombre que necesitábamos». Mientras sus familiares fueron liberados, el trabajador quedó incomunicado y fue trasladado al Retén de Carabineros de Río Loa (Dupont), lugar donde testigos presenciaron cómo fue desnudado y sometido a sesiones de tortura con corriente eléctrica.
A pesar de que su cónyuge intentó obtener información en el retén, el personal policial le aseguró falsamente que su marido había sido dejado en libertad. Sin embargo, Luis Contreras nunca regresó a su hogar y su cuerpo fue hallado recién el 30 de noviembre de 1990 en un pique minero de 55 metros de profundidad, a pocos kilómetros de Chuquicamata. Los peritajes del Servicio Médico Legal determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo encefálico provocado por un golpe con un objeto contundente, presumiblemente la culata de un arma de fuego.
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El fallo judicial fue determinante al desestimar la coartada de Gallegos Fuentes, quien pretendió sostener que en la época de los hechos se encontraba cumpliendo funciones en Ollagüe y no en Calama. No obstante, múltiples testimonios de otros funcionarios policiales y antecedentes de procesos paralelos confirmaron que el condenado era parte de la agrupación SICAR, la cual operaba con un número reducido de efectivos en el Retén Dupont. El tribunal concluyó que, dada la naturaleza rotativa de los interrogatorios y custodias, todos los integrantes de dicha unidad necesariamente intervinieron en los apremios sufridos por la víctima.
Junto con la pena de presidio, la sentencia impone al otrora sargento segundo las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y para cargos públicos durante el tiempo de la condena. Este fallo representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la Provincia de El Loa, logrando acreditar mediante registros laborales de Codelco que el último día de trabajo de Contreras León coincidió exactamente con la fecha de su detención y posterior desaparición forzada.