El Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló los resultados de su fiscalización del período 2025, exponiendo profundas brechas en el cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de organismos municipales y regionales en Antofagasta. Mientras instituciones como la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Antofagasta destacaron a nivel nacional con un sólido 95,89% de cumplimiento (octavo lugar en el país), otras entidades locales mostraron deficiencias críticas. El caso más grave fue el de la Fundación Cultural de Mejillones, que ni siquiera contaba con un sitio web para publicar información obligatoria hacia la ciudadanía.
En el segmento de las corporaciones municipales, los contrastes fueron alarmantes. Junto al buen desempeño del área de deportes, la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta y su par de Calama lograron puntajes de 83,86 y 79,18, respectivamente. No obstante, en la parte baja del ranking regional se ubicaron la Corporación Cultural de Antofagasta, con apenas un 35,92%, y la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, que solo alcanzó un 43,8%. Estos resultados posicionan a la entidad cultural de la capital regional entre las diez peor evaluadas de todo el territorio chileno.
Respecto a las fundaciones municipales, la Fundación Cultural de Sierra Gorda obtuvo un desempeño notable con 78,92 puntos, situándose en el cuarto lugar nacional de su categoría. Por el contrario, la Fundación Cultural de Tocopilla alcanzó los 62,25 puntos, ocupando el penúltimo puesto a nivel país. En la categoría de asociaciones, la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta registró un cumplimiento del 82,75%, lo que la posiciona en la medianía del ranking nacional (lugar 23 de 58).
La presidenta del CPLT, Natalia González, enfatizó que cualquier entidad que administre recursos fiscales y cumpla funciones administrativas debe operar bajo el estándar de la ley, sin «zonas grises». La autoridad recordó que la transparencia activa no es una formalidad, sino un derecho ciudadano que permite fiscalizar decisiones, contratos y compras. Además, advirtió que la falta de portales de transparencia debilita el control ciudadano, abre espacios a la desconfianza y constituye una infracción sujeta a sanciones por parte del Consejo.
Finalmente, estos resultados han impulsado un llamado urgente desde el CPLT para avanzar hacia una Ley de Transparencia 2.0. El objetivo es modernizar la normativa para que todas las asociaciones, corporaciones y fundaciones que ejerzan funciones públicas sean claramente identificadas como sujetos obligados. Según González, el sistema debe garantizar que las personas accedan a información clara y completa, independientemente de si el servicio es prestado directamente por un municipio o a través de una entidad externa.