El Hospital de Calama Dr. Carlos Cisternas rompió el silencio tras tomar conocimiento del Informe Final N°673 de 2025, emitido por la Contraloría Regional de Antofagasta, el cual evidenció graves irregularidades en los contratos suscritos con empresas externas encargadas de los servicios de aseo, seguridad y mantención de equipos médicos. Ante el complejo escenario, la dirección del establecimiento de salud catalogó los hechos como de máxima gravedad y anunció una serie de drásticas determinaciones legales y administrativas para sancionar las anomalías detectadas en la gestión de recursos públicos.
En el plano judicial, el centro de salud loíno confirmó que presentará una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por las irregularidades detectadas en las licitaciones y contratos de las firmas Guerra Letelier SpA y Four Service SpA. Asimismo, de forma inmediata se ordenó la redestinación de funciones de todo el personal que estuvo directamente relacionado con la confección de las bases técnicas y la posterior administración de los contratos que fueron severamente observados por el organismo contralor.
En paralelo a las medidas internas, la administración del hospital realizó el envío formal a la Contraloría de todos los procesos sumariales que aún se encontraban en curso dentro de la institución, atendiendo a la solicitud expresa de dicha entidad reguladora. Junto con ello, la dirección del recinto asistencial decretó una auditoría total e integral a todos los procesos de compra y adquisiciones ejecutados por el Hospital de Calama en el periodo comprendimiento entre los años 2022 y 2026.
Finalmente, desde el Hospital Dr. Carlos Cisternas aclararon que el recinto ya se encontraba trabajando en una reestructuración profunda para mejorar sus procesos administrativos y jurídicos en materia de compras de servicios, protocolizando cada etapa para garantizar el estricto cumplimiento de las normas de compra vigentes. Al mismo tiempo, reafirmaron su completa disposición para colaborar con los organismos correspondientes de cara a esclarecer y transparentar cualquier tipo de falta en el uso de los fondos del Estado.